Moliner y Torres-Dulce protagonizan por primera vez la apertura Año Judicial

Madrid, 16 sep.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se estrenan este martes en el acto de apertura del Año Judicial, que volverá a presidir el Rey tras ausentarse el año pasado por culpa de una operación en el tendón de Aquiles.

La solemne ceremonia dejará atrás un año convulso en el Poder Judicial, que culminó con la dimisión en junio de su hasta entonces máximo responsable, Carlos Dívar, a raíz del escándalo por los gastos de sus viajes en fin de semana.

Ni el propio Dívar pudo imaginar el 15 de septiembre de 2011, al articular la frase que da por inaugurado el Año Judicial, y que le correspondió a él pronunciar por no estar presente el Rey por primera vez en 28 años (ya que es prerrogativa del monarca), que no volvería a protagonizar ese acto como presidente del Supremo y del CGPJ y al que es probable ni siquiera acuda como magistrado emérito.

Quien sí pudo formular su despedida fue Cándido Conde-Pumpido, quien ya sabía que, al finalizar ese mismo año su mandato, no asistiría otra vez como fiscal general del Estado, aunque podrá hacerlo como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En este nuevo curso, Moliner se enfrenta al reto fundamental de recuperar la maltrecha imagen del Poder Judicial tras el escándalo Dívar y cuenta para ello con un tiempo limitado, dado que sólo estará en el cargo hasta septiembre de 2013, fecha en la que concluye el mandato del actual Consejo.

Las reformas legislativas que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como la del Código Penal anunciada el pasado viernes, centrarán el trabajo del CGPJ, órgano al que corresponde elaborar los preceptivos informes, aunque nunca son de carácter vinculante.

Para el órgano de gobierno de jueces y magistrados, la reforma que más directamente le afecta es la que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que Ruiz-Gallardón anunció estaría preparada para octubre, ya que la intención es que esté aprobada en marzo, antes de que expire el plazo para la renovación del Consejo.

No obstante, el ministro, para quien también será su primera apertura del Año Judicial en el cargo, avanzó este verano el informe de la comisión de expertos sobre ese cambio legislativo, cuyo principal objetivo es acabar con la politización de la Justicia, para lo que, entre otras medidas, revisará el sistema de elección de los miembros del Consejo.

En concreto, supondrá que 12 de los 20 vocales sean elegidos por y entre los propios jueces, como han reclamado las asociaciones judiciales, y que los otros ocho sean consensuados por el Parlamento para evitar "interferencias políticas".

No se descarta tampoco la posibilidad de reducir el número de vocales, propuesta que se dio a conocer a raíz de la polémica de los gastos en viajes de Dívar, y que sea el presidente de este órgano el único que tenga dedicación exclusiva.