Sábado, 04.04.2020 - 05:29 h
Fernando Garea, el primero en caer

Moncloa prepara el recambio de jefes de empresas públicas para elevar su control

El Ejecutivo, que confirma que la destitución del presidente de EFE no será la última, quiere dominar la política de comunicación de firmas estatales.

Pedro Sánchez e Iván Redondo
Pedro Sánchez e Iván Redondo / EFE

La destitución de Fernando Garea no será la última. Así lo ha manifestado abiertamente el Gobierno, que prevé más cambios en las empresas públicas en las próximas semanas. Algo que el Ejecutivo enmarca dentro de la "normalidad" del inicio de una nueva legislatura, que destaca en este caso por la primera coalición desde la II República. Pero el caso del presidente de EFE, que se ha marchado deslizando que el Ejecutivo quería controlar a la agencia pública de noticias, da una pista de la nueva estrategia por parte de Moncloa. Un plan que pasa por nombrar a nuevos responsables de firmas del Estado que puedan ser más controlados. Y que tiene como objetivo destacado controlar la política de comunicación que realicen, como ha podido saber La Información.

Quien ha desvelado que Garea no será el último damnificado por esa renovación de las compañías que pertenecen al Estado ha sido la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Según ha señalado la también titular de Hacienda, la idea es ir anunciando los cambios que se lleven a cabo las próximas semanas en los futuros Consejos de Ministros. De esta manera, varios responsables de las compañías públicas saldrán de sus cargos en las próximas semanas. La ministra no ha precisado cuáles serán las empresas que tendrán nuevo máximo dirigente. Pero hay que recordar que el Ejecutivo socialista cambió a la mayoría de presidentes de las que son más relevantes cuando llegó al poder, como Aena, Correos, Tragsa, Navantia o Adif

El factor diferencial de quienes se irán con los que llegarán es que éstos últimos estarán mucho más supeditados a las decisiones del Gobierno. Según fuentes de la presidencia de una de estas empresas, Moncloa tiene previsto marcar o dirigir la política de comunicación que realicen. Algo que se produce poco después de que Sánchez cediera a Iván Redondo el control de los mensajes a la sociedad y los medios que se lancen desde la Moncloa. El ejemplo que muestra de manera evidente esta línea es que la secretaría de Estado de Comunicación, en la que seguirá Miguel Ángel Oliver, ya esté controlada por la Dirección de Gabinete del presidente que lidera Redondo. 

Esta nueva maquinaria de comunicación, adelantada por este diario, se plasma en una reunión paralela al Consejo de Ministros. En este encuentro, que dirige Miguel Ángel Oliver, están presentes todos los directores de Comunicación de las vicepresidencias y ministerios. A ellos se unen los responsables de las áreas de comunicación de la propia Moncloa, como son las de Información Nacional, Internacional, Autonómica, Económica y Digital. La cita, celebrada a puerta cerrada, es la que sirve para decidir la política comunicativa del Ejecutivo. Además, los diferentes 'dircom' de las carteras ministeriales dan cuenta de en qué están trabajando. Lo que permite a Oliver, y por extensión a su jefe Redondo, controlar los pasos que dan y evitar que haya estrategias distintas a la de Moncloa

Ahora, este control tan exhaustivo del Gabinete de la Presidencia sobre las vicepresidencias y ministerios se trasladará así a las empresas públicas. Algo para lo que, como ha dicho Montero públicamente, se vayan a producir cambios en las cúpulas de las mismas. Lo que puede afectar incluso a cargos que vienen del PSOE y que han sido muy cercanos a Pedro Sánchez cuando este aún permanecía en la oposición. Algunos de los nombres que encajan en esa descripción son los de los presidentes de Correos y Paradores, Juanma Serrano y Óscar López. También están totalmente vinculados a los socialistas el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, y el de AENA, Maurici Lucena, que pertenece al PSC.

Los que designó Sánchez

Los otros nombramientos destacados que hizo el Gobierno desde su llegada tras la moción de censura a Mariano Rajoy fueron los de Isabel Pardo de Vera en ADIF, Jesús Casas Grande en Tragsa, el de Gregorio Rabanal en Hunosa o Susana Sarriá en Navantatia. Salvo en el caso de ADIF, estas últimas empresas tienen en común estar participadas de manera mayoritaria por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda. Una sociedad que también ha estado inmersa en problemas por la destitución en octubre de 2019 del anterior presidente, Vicente Fernández, después de que volviera a ser imputado en el caso de la mina de Aznalcóllar por su pasado de alto cargo en la Junta de Andalucía. Desde esa fecha, su sustituto es Bartolomé Lora Toro. Alguien que tampoco está claro que continúe en el puesto.

Por tanto, y al tener bajo su ala a la SEPI, la figura de Montero será especialmente determinante en la renovación de las presidencias. Por una cuestión de competencias en los casos de AENA o ADIF, también será relevante el papel que juegue el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Tanto este como la ministra de Hacienda comparten su adhesión inquebrantable a Sánchez. Por lo que no se prevé que presenten mucha batalla que sea la propia Moncloa la que elija a los candidatos más adecuados. Ni mucho menos a que la comunicación esté auditada por Presidencia y por Iván Redondo y su equipo. 

De esta manera, Sánchez tendrá controladas al milímetro hasta a las compañías que no forman parte de la agenda habitual de un presidente. El caso de Fernando Garea es especialmente relevante, al ser un gestor independiente en una agencia con una función tan singular. Y que, además, contaba con el aval casi unánime del periodismo. Aunque no hay que olvidar que quieran abrió el camino fue Jordi Sevilla, que se marchó de Red Eléctrica alegando injerencias por parte del Ejecutivo. En concreto, de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera

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