El Gobierno apurael tiempo antes del pleno del Congreso extraordinario en busca de recabar los apoyos necesarios que le permitan convalidar este jueves en el Congreso de los Diputados el real decreto que incluye, entre otras medidas, el plan de ahorro energético. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo espera obtener el respaldo parlamentario para aprobar un plan que protegerá a familias y empresas, y cumplirá con los compromisos adquiridos con la Unión Europea. En este sentido, Rodríguez ha explicado que el martes solo tienen constancia del voto en contra del PP, que ya anunció a principios de la semana que no apoyaría las medidas de ahorro energético al tratarse de una "imposición" que incluye "frivolidades", como tener que quitarse la corbata, apagar escaparates o subir o bajar la temperatura.
La portavoz del Gobierno ha cargado contra la respuesta del PP al plan del Gobierno, calificándola a su vez de "frivolidad", y criticando que pese a que han tenido "23 días para leerlo, parece que aún desconoce el contenido del mismo". "La ciudadanía no entendería la negativa de ningún grupo político a estas medidas", ha advertido Rodríguez. Con las citadas "frivolidades" el coordinador general del PP, Elías Bendodo, se refería a medidas como tener que quitarse la corbata, apagar escaparates o subir o bajar la temperatura, para que su partido pueda apoyarlo. "De entrada nuestra postura es 'no' porque es una improvisación, porque no se ha hablado con las autonomías ni con el PP", ha dicho Bendodo en rueda de prensa.
Sujeto a la mayoría del bloque de investidura
Así, con el más que probable voto en contra del PP, que exige modificaciones en el texto para incluir también aspectos como la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, el Ejecutivo necesitará contar con el apoyo de sus socios habituales, como ERC y el PNV. Sin embargo, ambas formaciones todavía no han anunciado el sentido de su voto, al igual que EH Bildu, lo que deja en el limbo la aprobación del plan de ahorro energético, que se votará este jueves. De momento, Compromís es la única formación que anunció hace unos días su apoyo a través del alcalde de Valencia, Joan Ribó, asegurando que su formación lo apoyaría "de forma entusiasta". Por el contrario, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado este martes en una carta la "falta de diálogo y de acuerdo" del Gobierno, y ha exigido cambios para apoyar el plan, como una "mayor flexibilidad" a las empresas para poder establecer medidas de ahorro energético.
Ajuste de temperaturas y apagado de luces
El llamado 'Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización' prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos. Concretamente, establece una temperatura mínima de 27 grados para los meses de verano, y una máxima de 19 grados en invierno. Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración. En este sentido, para el próximo 30 de septiembre, estos establecimientos deberían disponer de un sistema de cerrado de puertas.
El plan aprobado por el Gobierno forma parte de la estrategia de la Unión Europa para reducir el consumo energético en plena invasión rusa de Ucrania, con la expectativa de que en los próximos meses el suministro de gas ruso pueda verse afectado. Sin embargo, el real decreto que se votará este jueves en el Congreso no incluye únicamente el plan de ahorro energético, sino medidas de apoyo en el ámbito del transporte y en materia de becas y ayudas al estudio. Así, se votará la gratuidad del precio de determinados abonos y títulos multiviaje de Renfe entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del presente año, así como un pago complementario de cien euros al mes durante cuatro meses para los beneficiarios de becas y ayudas al estudio.
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