Ombudsman cree que mandato de Calderón terminará con Ejército en las calles

Alberto Cabezas

México, 11 jul.- La estrategia de combate frontal contra el crimen organizado lanzada en 2006 por el presidente Felipe Calderón "seguramente continuará" hasta el final de su mandato en noviembre de 2012, declaró hoy a Efe el ombudsman mexicano Raúl Plascencia Villanueva.

"Cuando termine su Gobierno tendrá que hacerse un análisis, un balance, de los costos, beneficios, logros, o en su caso rezagos, y seguramente el nuevo presidente de la República deberá tomar una decisión en cuanto a si se continúa, se modifica o cesa" esa estrategia, en la que los militares juegan un papel clave, agregó.

En una entrevista, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México recordó que Calderón "decidió asumir y ejecutar" esa política de acuerdo a la función que le correspondía plenamente hace cuatro años y medio, poco después de asumir su cargo el 1 de diciembre de 2006.

Plascencia cree que en ello influyó "el poder que han adquirido los miembros del crimen organizado", que realmente rebasó la capacidad de policías locales en muchas partes de México y logró infiltrar a muchas dependencias municipales y algunas estatales.

"Eso explica, aunque yo no podría justificar, la colaboración y el apoyo que las fuerzas militares tienen que estar llevando a cabo en ese caso concreto de lucha contra el crimen organizado", añadió.

Para el titular de la CNDH, "es deseable y sería conveniente que se hubiera ya capacitado a un mayor número de policías" mexicanos tanto municipales como de los estados para posibilitar que asumieran las cuestiones que les corresponden, con lo que se podría acuartelar nuevamente a los soldados.

"Sin embargo esto, hoy por hoy, no es una realidad, de tal manera que tendrá que hacerse un balance, un estudio muy cuidadoso para delimitar si conviene, corresponde y es admisible que el Ejército siga ejerciendo una función de la autoridad civil (...) o debe corresponderle y seguirla ejerciendo la autoridad civil", apuntó.

Señaló que la Policía Federal mexicana está hoy formada por unos 34.000 elementos, una cantidad de agentes que, a su juicio, "sería más o menos suficiente para poder suplir la labor de las fuerzas militares".

Sobre la reciente visita a México de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, la sudafricana Navi Pillay, dijo que la CNDH y los demás ombudsman de los 32 estados del país acordaron establecer una colaboración más estrecha en la lucha contra la tortura.

"Se planteó la posibilidad de llevar a cabo una estrategia conjunta de capacitación, prevención y, sobre todo, de análisis a este fenómeno que, hoy por hoy, se ha ido extendiendo por el país", admitió.

Además, señaló, con la oficina de la ONU se trabajará en contar con indicadores fiables en materia de seguridad pública, educación, y se tratará de impulsar medidas de prevención de abusos a los derechos humanos en este país.

Plascencia reconoció que las instituciones mexicanas se han ido fortaleciendo en los últimos años de acuerdo con estándares de derechos humanos.

Se mostró partidario de que los militares se sometan a cortes civiles en caso de que sus integrantes violen los derechos humanos de algún ciudadanos, algo que actualmente no sucede.

"Creo que es indudable que la sociedad demanda, requiere, que sea una justicia lo más imparcial, transparente y cercana a la sociedad la que se aplique ante cualquier tipo de abuso", agregó.

Por último, consideró indispensable que el sistema de justicia se reoriente y pase a "girar en torno a las víctimas", en un país donde cada año hay 15 millones de delitos y sólo 150.000 sentencias penales asociadas con ellos.

"Si ese no es el caso, se pervierte la justicia, la seguridad pública, y no encuentra uno explicación de a quién se está beneficiando cuando la víctima es la primera en sentirse lastimada, ofendida, o lastimada por parte de la autoridad", aseguró.

La CNDH es un organismo público descentralizado con funciones de oficina del Defensor del Pueblo, cuyo titular es elegido por el Senado entre una terna de finalistas para un período de cinco años, que en el caso de Plascencia terminará en 2014.