La patronal hotelera ha respaldado al que ha sido hasta ahora el presidente de la CEHAT, Jorge Marchal, después de que dimitiera por una condena de dos año por fraude fiscal. En un comunicado de la misma Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) , declaran que han tomado la posición de apoyar a Marichal: "Tras haber puesto su cargo a disposición del Comité Ejecutivo de la patronal, la CEHAT ha tomado la decisión, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la misma, de mostrar su firme respaldo al presidente", afirman.
El Comité ha trasladado su deseo de que Marichal continúe al frente de la CEHAT, subrayando que su trabajo a la cabeza de la Confederación "ha sido ejemplar desde su nombramiento en diciembre de 2019 y, muy especialmente, durante estos meses convulsos, ya que su defensa del sector alojativo español ha estado siempre marcada por su enorme implicación y compromiso, su formación, su capacidad de liderazgo, su pasión y su tesón, que lo convierten en un perfil idóneo en la representación del sector turístico", han recalcado.
El Comité Ejecutivo también considera en su comunicado que lo ocurrido es un asunto de ámbito estrictamente personal sin relación con la representación empresarial y "acaecido hace más de una década no ha interferido ni interferirá en la labor diaria de la Confederación y en la defensa de los intereses colectivos de todo el sector del alojamiento español". La CEHAT ha afirmado que es una confederación de asociaciones empresariales que dispone de sus propios estatutos para el funcionamiento de su organización y no existe ninguna razón legal ni estatutaria que justifique apartar del cargo a un representante de la misma, por hechos de esta naturaleza.
Por último, la CEHAT ha comunicado que la actividad empresarial "está permanentemente sometida a multitud de riesgos o diferencias que, en muchísimas ocasiones, se dirimen en los tribunales". Por ello, la patronal cree que no es aceptable exigir a un empresario posiciones más allá de las que los propios tribunales dispongan porque, en buena forma, ello conllevaría que ningún empresario en actividad pudiera prestarse u ofrecerse a participar en asociaciones empresariales sin el riesgo de ser sometido a un doble escrutinio, el legal -ante el que todos los españoles somos iguales- y el de su propios compañeros empresarios.
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