Cada vez es mayor la intervención de la Justicia ante las medidas que acuerdan las distintas administraciones en la lucha contra el coronavirus. Castilla y León o Madrid son dos comunidades que han endurecido sus restricciones para hacer frente a la pandemia y ello pese al rechazo generado en algunas de las ciudades que las integran que no han dudado en llevar el asunto a los tribunales, como ha ocurrido con Valladolid. Consciente del cuello de botella que se puede generar con tanto recurso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha propuesto una modificación legal que implica dotar de mayor competencia a los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. El objetivo es unificar criterios de actuación y dar una respuesta más rápida ante rebrotes en los contagios.
No obstante, la reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio que ya trabaja el grupo parlamentario socialista, también puede implicar un mayor control en la respuesta que dé la Justicia a los recursos planteados. Esto es así porque los tribunales superiores los integran magistrados designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por tanto, más cercanos a la cúpula del órgano de gobierno de jueces. Así lo expresan fuentes jurídicas consultadas por La Información que hacen hincapié en que ese sería el mayor inconveniente que ven a la reforma planteada por el Ejecutivo. Cabe destacar que, hasta la fecha, han sido los juzgados de lo contencioso-administrativo los encargados de dirimir sobre estas cuestiones.
Con todo, una de las ventajas más palpables con esta iniciativa va a ser que se unificarán criterios de actuación en un terreno poco transitado hasta la fecha. El preocupante incremento del número de contagios ha hecho que comunidades como Castilla y León hayan optado por medidas tales como la prohibición de consumir en el interior de los bares o la necesidad de limitar el aforo de velatorios y entierros a un máximo de 15 personas. En lo que respecta al ocio, se denegó la posibilidad de consumir en bares y se limitó a seis el máximo de personas por mesa. El alcalde de Valladolid recurrió estas restricciones ante la Justicia al considerar que no estaban justificadas y eran propias de una situación de estado de alarma.
Cuestión de urgencia sanitaria
La respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sido desestimar su pretensión y negarse a suspender las restricciones adoptadas. Los magistrados alegan que levantar las restricciones podría acarrear graves daños a la ciudadanía. De este modo, el tribunal unifica criterio en torno a una decisión que solo podría ser recurrida ante el Supremo. Se trata de una postura que podría guiar la actuación de otros tribunales superiores de Justicia ahora que el Gobierno pretende dotarles de la competencia para resolver sobre estos asuntos.
Igualmente, este cambio de legislación permitiría que el asunto pase de manos de un solo juez a ser estudiado por un órgano colegiado, lo que evitaría disparidad de criterios de actuación. Esto mismo es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Mientras el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 tumbó las medidas del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso sobre la prohibición de fumar en espacios al aire libre y regular el horario del ocio nocturno, la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad fue justo la contraria. La instancia superior estimó el recurso del Gobierno regional y dio el visto bueno a la normativa regional.
Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que este nuevo cambio permitirá una respuesta más rápida puesto que el asunto lo estudia directamente el tribunal superior de justicia de cada comunidad y ello agota la vía del recurso. Ahora bien, aunque la uniformidad es positiva en cuanto a que crea seguridad jurídica, no se debe perder de vista que si hay discrepancias entre los magistrados que analizan el asunto es conveniente que lo hagan saber para evitar vulneración de derechos. No obstante, uno de los aspectos más importantes es reducir los tiempos de respuesta de la Justicia, especialmente porque se trata de cuestiones de urgencia sanitaria.
Por eso, entre los objetivos planteados con este cambio legal destacan la necesidad de que estas autorizaciones o ratificaciones se tramiten de manera preferente. Por eso,incluso se estipula un plazo máximo de tres días naturales para agilizar la tramitación. Además se incorporará la participación del Ministerio Fiscal en estos asuntos para garantizar una mayor seguridad jurídica. La intervención de la Fiscalía General del Estado en la crisis por la Covid ha ido en aumento en los últimos meses. A las diligencias que se han ido adoptando para estudiar posibles irregularidades en la muerte de ancianos en residencias, se suma la reciente advertencia lanzada con motivo de la vuelta al colegio y el posible absentismo escolar.
El órgano que dirige Dolores Delgado ha anunciado esta misma semana que no descarta abrir diligencias e incluso emprender acciones penales contra aquellos padres o tutores que no lleven a sus hijos al colegio por temor al contagio de Covid. Se trata de todo un aviso a navegantes en caso de que los menores con edades entre 6 y 16 años, cuya escolarización es obligatoria, se ausenten de manera continuada sin justificación alguna. En lo que respecta al cambio legal para unificar criterios en la respuesta a la pandemia, el Gobierno sostiene que el proyecto se encuentra en trámite de enmiendas en el Senado. Tras su aprobación en la cámara alta pasará al Congreso para su ratificación por lo que esperan que entre en vigor en un plazo muy breve.
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