El Consejo de Ministros es un cónclave en el que en todo momento se guarda el formalismo. Rivalidades haberlas, haylas. Pero se quedan en la antesala del Salón de Tapices, el enclave donde se está reuniendo Sánchez con sus ministros por la pandemia. Este martes era una jornada marcada en rojo en el calendario. Sobre la mesa, la aprobación del proyecto político y económico más importante de la coalición. El documento, según una fuentes del área económica del Gobierno, es el vademécum del que depende el país durante los próximos treinta años. Sin embargo, Nadia Calviño y Moncloa han decidido guardar con celo el proyecto final que se remitirá a la UE.
El de ayer fue un Consejo de Ministros de transición. No hubo debate ni grandes exposiciones. Fue el propio presidente, Pedro Sánchez, quien más habló del asunto. Lo explicó de forma breve y no entró en mayor detalle que el ya conocido, según explican las diferentes fuentes gubernamentales consultadas. En la misma línea se expresó Calviño. De hecho, el Plan sólo ha pasado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE), de forma que únicamente el grupo de ministros económicos tiene conocimiento de él.
La mayoría de ministros, en definitiva, no dispone aún del Plan completo y se ha dado orden de mantener un perfil discreto hasta remitir a Bruselas el documento final. Se procederá en las próximas horas, como ya ha hecho Portugal. Las fuentes consultadas añaden que el botón de 'enviar' se prevé apretar el próximo viernes 30 de abril, coincidiendo con la fecha límite.
Cada ministerio ha ido negociando por su cuenta con la Comisión Europea su respectivo componente. Inclusión la reforma de las pensiones, Trabajo la reforma laboral, Educación sus medidas, Universidades ha hecho lo propio... Así hasta completar las treinta fichas. Economía y Moncloa han coordinado. Pero el proyecto definitivo lo conoce un reducido grupo entre los que se encuentran el presidente, la vicepresidenta segunda o el secretario general de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha. Al resto de miembros del Gobierno apenas se les ha facilitado un texto parcial, no definitivo.
"Es un Plan bastante trillado con Bruselas, conocen todo y no se esperan sorpresas"
"Es un Plan bastante trillado con Bruselas, conocen todo y no se esperan sorpresas", afirma otra fuente gubernamental. El Gobierno de Sánchez viene manteniendo un contacto prácticamente diario con la Comisión Europea. Ha habido más de un centenar de reuniones por videoconferencia entre Madrid y Bruselas donde se han ido afinando las "recomendaciones" del equipo de 150 burócratas del Ejecutivo comunitario e incorporándolas al texto. De forma, el envío del Plan de Recuperación final se convierte, en palabras de un representante del Gobierno, "prácticamente en un trámite". Detrás ha habido un intenso trabajo en silencio, sin luz ni taquígrafos, para ir afinando un proyecto que supera los 1.000 folios.
Durante todo el fin de semana, el sábado y domingo, el Gobierno ha "pulido" con Bruselas los últimos detalles técnicos del Plan, con un intercambio que ha liderado desde España el propio De la Rocha, según indican las mismas fuentes. Los ministros del área económica no han participado en este proceso final.
El documento, en efecto, es parcial. Falta completar tres reformas (pensiones, laboral y fiscal) y por eso en esas tres fichas apenas se ha reflejado el "perímetro" de las mismas. Está haciendo cambios. El caso más evidente son los vaivenes que están incluyéndose en todo lo relacionado con los cambios en la Seguridad Social para abordar el futuro del sistema de pensiones. El ministro José Luis Escrivá ha retirado ya de la negociación el mecanismo para compensar los años de IPC negativo y también ha llevado a 2027 el factor intergeneracional. También, tal y como ha publicado en estas páginas, ha dejado fuera de la negociación su propuesta para subir la pensión máxima.
Otra de las reformas no cerradas, no menor, es la laboral. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa de negociación un planteamiento que se ha topado con el rechazo inicial de la patronal. Los empresarios se oponen a la propuesta porque, según esgrimen, prioriza cambios en la negociación colectiva para reequilibrar la balanza de poder hacia el lado sindical. En el borrador expuesto ante el Congreso Sánchez planteaba un componente 23 igual al programa de coalición.
Desde Trabajo defienden que en la hoja de ruta planteada con la reforma laboral sí se abordan las medidas que recomienda Bruselas. El componente incluye una ambiciosa reforma en la que se plantea, por ejemplo, una simplificación de las modalidades de contratación temporal con el objetivo de generalizar la contratación indefinida y atajar drásticamente el abuso de la contratación temporal, en línea con las CSR de la UE. Fue un proyecto al que la propia vicepresidenta tercera se comprometió en su primera visita a la UE y que reafirmó en su viaje de la pasada semana.
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