Y la empresa pública de energía

Podemos llevará a la negociación de los PGE la luz, el alquiler y la reforma fiscal

El precio de la luz estrena septiembre como finalizó agosto, marcando máximos históricos, mientras UP presiona al PSOE con la empresa pública de energía como condición para apoyar los Presupuestos.

Teresa Ribera
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera
Agencia EFE

El precio de la luz estrena septiembre como finalizó agosto, marcando máximos históricos de manera casi diaria, mientras el Gobierno asegura que estudia "todos los escenarios" para frenar la escalada en el mercado eléctrico de los últimos meses y Unidas Podemos presiona para crear una empresa pública de energía. Los 'morados' pondrán encima de la mesa en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2022 la adopción de medidas "inmediatas" para bajar el precio de la luz y el apoyo del PSOE a la proposición de ley para formar la citada empresa pública energética. Un planteamiento que se suma a la regulación del alquiler y la reforma fiscal de cara a la negociación de las cuentas públicas. 

"No hay excusas para no bajar el precio de la luz e intervenir el mercado eléctrico (...) Hay que actuar y se pueden tomar decisiones ya. Hemos puesto encima de la mesa medidas", ha destacado la coportavoz de Podemos, Isa Serra en una entrevista con la agencia Europa Press, en referencia a su iniciativa para impulsar una energética pública y sus propuestas de intervenir el mercado, fijando precios para la generación de energía hidráulica y nuclear.

De cara al nuevo curso político, la dirigente de la formación morada ha desgranado que, tras la crisis del coronavirus, es el "tiempo de la recuperación justa" y de transformaciones, para lo cual se requieren unos Presupuestos "expansivos" que refuercen lo público. La cuestión de la electricidad, tal y como ha relatado, es clave y el Ejecutivo debe trabajar para que el acceso a un suministro básico "no esté condicionado por el mercado". Algunas medidas ya se han adoptado, como la reducción del IVA, pero ha reivindicado proseguir en soluciones como fijar el precio de la energía de generación hidráulica y nuclear, que permiten a su criterio el marco comunitario.

Además, Serra ha manifestado que la negociación sobre los PGE debe dar un paso "determinante" para sellar una Ley estatal de Vivienda con regulación del precio del alquiler, que ya era un punto fundamental del anterior pacto presupuestario para preservar el derecho a la vivienda digna, frente a un modelo de "especulación" que obedece a los intereses de los "fondos buitre".

Tras insistir en que no se trata de una línea roja, sí ha subrayado que si el PSOE no da un paso adelante para articular esta regulación, dejará "comprometido al conjunto del Gobierno" y su compromiso con la ciudadanía. Cuestionada sobre si podrían apoyar una ley alternativa con los socios parlamentarios del Ejecutivo, Serra ha recalcado que siempre harán "todo lo posible" para que la ley de vivienda con regulación del alquiler se ponga en marcha cuanto antes. En consecuencia, están abiertos a cualquier tipo de iniciativa que permita conseguir ese objetivo "prioritario para UP. "Confiamos en que los PGE den un paso adelante y veremos posteriormente", ha zanjado.

También ha insistido en que las futuras cuentas públicas deben abordar la reforma fiscal y establecer, como mínimo, un tipo fiscal fijo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas, pues España no se puede quedar atrás del acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), firmado por más de 130 países. "Si el momento no es ahora para hacer la reforma fiscal en este país que haga avanzar en justicia social ¿cuándo lo es? Es evidente que es el mejor momento posible", ha defendido para insistir en que una de las lecciones de la pandemia es, precisamente, "apoyar lo público" mediante una mayor aportación de los que "más tienen".

Por tanto, ha reivindicado una reforma, para corregir que España deje de estar siete puntos por debajo de la media recaudatoria comunitaria, frente a la "campaña de rebaja fiscal ridícula" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuo, que esconde un "paraíso fiscal" para que los grandes patrimonios no aporten a lo público.

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