Jueves, 14.12.2017 - 07:15 h
¿Será la próxima polémica independentista?

¿Podrán hacer campaña los políticos presos? Los antecedentes dicen que no

Vivirán entre rejas la campaña e, incluso, su posterior elección como diputados, a no ser que la Justicia diga lo contrario, pese a los antecedentes.

Ocho horas de sueño y tirar canastas: el día a día del preso Junqueras
Ocho horas de sueño y tirar canastas: el día a día del preso Junqueras

Los exconsellers catalanes o el exlíder de la ANC Jordi Sánchez encarcelados van en listas para las elecciones del 21-D, pero vivirán entre rejas la campaña e, incluso, su posterior elección como diputados, a no ser que la Justicia entienda que dar un mitin es un "importante y comprobado motivo" para salir de la celda.

Es lo que dice la Ley General Penitenciaria en su artículo 47 dedicado a los permisos de salida al que deberán acogerse si quieren el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Joaquim Forn, Raül Romeva (todos en la cárcel madrileña de Estremera), Dolors Bassa y Meritxell Borràs (encarceladas en Alcalá Meco) y Jordi Sánchez (en Soto del Real donde lleva interno un mes).

Todos ellos son presos preventivos y, según el reglamento penitenciario, sus permisos deberán ser aprobados por la autoridad judicial correspondiente, en este caso y por el momento, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Ahora bien, esas salidas serían "extraordinarias" y las razones a esgrimir para solicitarlas están, especifica la normativa, "el fallecimiento o enfermedad grave de familiares, el alumbramiento de la esposa, así como por importantes y comprobados motivos, con las medidas de seguridad adecuadas, salvo que concurran circunstancias excepcionales".

Se trata de una situación excepcional en la que ni siquiera está del todo claro qué pasos han de seguirse, toda vez que los candidatos son presos preventivos encarcelados por riesgo de destrucción de pruebas y de fuga.

Las fuentes consultadas vaticinan que, de seguir todos ellos en prisión, tienen nulas posibilidades de participar activamente en la campaña electoral, que arranca el 5 de diciembre, y consideran más probable que recurran, como ya están haciendo algunos de los exconsellers a enviar mensajes a la ciudadanía a través de su abogado o de las redes sociales, controladas desde el exterior de la prisión pero a través de sus perfiles.

Siempre y cuando no sean puestos en libertad previamente, pues la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe resolver sobre los recursos de los exconsellers (al margen de la posibilidad de que la causa pase al Tribunal Supremo). Más posibilidades tendrían de abandonar por unas horas sus celdas para recoger sus actas en el Parlament si fueran elegidos diputados el 21-D.

Aunque la situación es insólita en unas elecciones catalanas, la circunstancia de candidatos entre rejas no es inédita. En los comicios vascos de 1986 Juan Carlos Yoldi, que se encontraba en prisión preventiva por su presunta pertenencia ETA, fue elegido en la lista de Herri Batasuna (HB) por la provincia de Guipúzcoa y la coalición abertzale le presentó como candidato a lehendakari ante el Parlamento Vasco, que eligió a Juan Antonio Ardanza.

HB incluyó en su candidatura a las elecciones vascas de 1980 a José Ignacio Pikabea, detenido en 1979 por su pertenencia a ETA y que se encontraba en la cárcel de Soria de forma preventiva cuando fue elegido diputado.

Situación diferente al de todos ellos fue la de Arnaldo Otegi cuando EH-Bildu le designó en 2016 como su candidato a lehendakari. Estaba en libertad pero inhabilitado. Cuatro años antes le fue denegada una salida para dar un mitin pero aprovechó una comunicación telefónica para intervenir en un acto electoral, motivo por el que se prohibieron temporalmente sus comunicaciones.

Uno de los precedentes más llamativos es el del etarra José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera". En 1998 le concedieron un permiso -estaba como preventivo en Alcalá Meco (Madrid)- para que pudieran presentar sus credenciales como diputados de EH, pero la Fiscalía se opuso a que estas salidas fueran habituales para desempeñar sus funciones parlamentarios. Poco más de un año después salió de la cárcel.

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