El PP contraataca a la reforma fiscal que prepara el Gobierno de coalición y prepara una ofensiva desde las comunidades que dirigen. Además, aseguran que este frente territorial también actuará contra la Ley Celaá y, en general, como "contrapeso" a las políticas de Pedro Sánchez que se visualizará en los Presupuestos, la caza y los fondos europeos.
"Vamos a hacer de dique de contención del sanchismo. Allá donde ellos suban impuestos, nosotros intentaremos bajarlos. Allá donde ataquen la libertad a la concertada y los centros de educación especial, trataremos de legislar con decretos u órdenes autonómicas para descafeinar la ley educativa", ha avanzado a Europa Press el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol.
En este sentido, el dirigente 'popular' ha confirmado que Casado va a "gestionar desde los gobiernos autonómicos del PP la oposición" al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. "Pero no es la oposición porque sí, sino para garantizar la libertad educativa y la baja fiscalidad en las comunidades donde gobernamos", ha apostillado.
La fiscalidad será uno de los ejes de actuación del PP y sus gobiernos autonómicos, en medio del debate sobre la armonización fiscal que quiere impulsar Sánchez tras el acuerdo con ERC en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.
Según el responsable de Política Territorial del PP, en las CCAA del PP se han bajado impuestos y se ha comprobado que teniendo los ciudadanos "más dinero en sus bolsillos se han garantizado la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos".
En este punto, ha adelantado que el PP prevé reunir en breve a los consejeros del ramo para coordinar la estrategia en materia de impuestos. Casado ha asegurado que una armonización fiscal como la que quiere Sánchez es "ilegal" porque la ley permite a las comunidades bajar o subir impuestos, e "inconstitucional" porque la Carta Magna reconoce regímenes fiscales diferenciados, como el concierto vasco.
El vicesecretario general del PP Andaluz, Toni Martín, ha denunciado este domingo la subida de impuestos que, según ha dicho, tiene prevista el Gobierno central, entendiendo que “es de traca obligarnos a los andaluces a pagarle a los independentistas catalanes el peaje del apoyo al Gobierno”.
En un comunicado, Martín ha criticado “la subida anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez y acordada con ERC a cambio del apoyo del independentismo catalán a los Presupuestos Generales del Estado”, indicando que Sánchez “miente cuando dice que le sube los impuestos sólo a los ricos, porque la triste realidad es que utiliza el bolsillo de todos los andaluces y sobre todo de las economías familiares para que le paguemos entre todos su sillón en la Moncloa”.
Los populares catalanes, por su parte, reivindican para esa región una rebaja fiscal que la haga competitiva con Madrid, así como más garantías de seguridad de la propiedad privada y "libertad" para las familias a la hora de elegir la escuela que quieren para sus hijos.
Actuación también contra la Ley Celaá
Esta ofensiva territorial de Casado también tendrá como objetivo la derogación de la reforma educativa, conocida como Ley Celaá. El PP ultima varias líneas de actuación porque, aparte de acudir a Europa y presentar un recurso al Tribunal Constitucional cuando la norma esté definitivamente aprobada, quiere que sus autonomías actúen para frenar los "aspectos lesivos" de la norma y "blindar" la educación concertada y los centros de educación especial.
"Iremos donde tengamos que ir para defender la libertad de elección de centro educativo y garantizar que la educación pública sea de máxima calidad, pero que no se ataque ni a la concertada ni a la educación especial, así como que se defienda el castellano como lengua vehicular en el conjunto de España", ha subrayado González Terol, para añadir que ahora está centrados especialmente en "hacer frente" a esta reforma educativa.
La actuación coordinada desde las CCAA ya ha empezado a materializarse. El pasado martes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y González Terol se reunieron con consejeros de Presidencia de las cinco CCAA en las que gobiernan (Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León) para empezar a trabajar en respuestas coordinadas contra diversas materias
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