Sevilla, 2 abr.- El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha enviado hoy una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los dos autos de la jueza Mercedes Alaya en los que se pedía investigar el posible conocimiento de la Cámara andaluza de las partidas del caso de los ERE fraudulentos.
El pasado marzo la juez emitió dos autos en los que ordenó a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informen sobre "qué pudo conocer" el Parlamento "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales" al margen de la Intervención, algo que acotó posteriormente a la Comisión de Economía y Hacienda.
El presidente del Parlamento se queja ante el CGPJ en cuanto a que en los autos de Alaya haya una "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento".
El escrito, del que se ha informado a los miembros de la Mesa del Parlamento, asegura que las comisiones "son también Parlamento (artículo 75.1 CE y 103.2 EAA). También, que el juicio que realiza la instructora sobre los diputados y diputadas en el ejercicio de sus funciones con ocasión de la aprobación de la Ley de Presupuestos se antoja cuanto menos gratuito. Los andaluces tienen que conocer que sus representantes, independientemente de la complejidad técnica de los asuntos que tratan, están siempre debidamente asesorados".
Añade que "probablemente, una simple lectura de la ficha anual del programa 31L o la descripción del mismo programa incluida en la Memoria, documentos ambos remitidos año tras año por el Consejo de Gobierno al Parlamento junto con el texto articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos, haría innecesario el peritaje ordenado".
De la misma forma, subraya que así hubiera podido constatarse cómo, por ejemplo, en alguno de ellos, aparece expresamente establecido como objetivo de dicho programa presupuestario "Cubrir las necesidades asumidas por expedientes de regulación de empleo, ayudas a prejubilaciones. Para ello, se realizarán transferencias a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía".
El escrito expone al CGPJ que el juzgado de Alaya "carece de propia jurisdicción para ordenar una investigación, de naturaleza jurídico-penal, sobre lo que pudo conocer, o dejar de conocer, una comisión parlamentaria en el ejercicio de sus funciones".
También "sobre las opiniones expresadas por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones -inviolabilidad- los jueces y tribunales carecen de propia jurisdicción. Si no fuera así, la libre formación de la voluntad del Poder Legislativo desaparecería".
"Un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal ni siquiera para delimitar la responsabilidad de terceros", apunta el escrito.
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