Fumata blanca. El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros los Presupuestos Generales de 2021. El acuerdo llega tras una tarde-noche de intensas negociaciones entre las dos áreas que componen la coalición y después de solucionar un punto de conflicto: la regulación del precio de los alquileres a corto plazo. Unidas Podemos había exigido impulsar medidas encaminadas a acelerar esta limitación e incluso había puesto encima de la mesa la posibilidad de no aprobar el anteproyecto de ley si no había acuerdo. El PSOE lo ha aceptado.
El área morada del Gobierno llevaba presionando desde la semana pasada para conseguir medidas encaminadas a acelerar la posibilidad de regular el precio de los arrendamientos en las grandes ciudades. Quieren dar a comunidades y ayuntamientos la herramienta legal para intervenir los precios. Pero el PSOE se remitía a la Ley de Vivienda que está preparando el Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos. La normativa se encuentra ahora mismo en el trámite de consulta pública y esta previsto que llegue al Consejo de Ministros en el mes de febrero.
Finalmente el acuerdo alcanzado contempla incluir en esa Ley de Vivienda la limitación del precio de los alquileres. Es decir, el Gobierno habilitará a las administraciones a establecer unos topes en mercados tensionados en cuestión de cuatro meses, según explican fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por La Información.
El Gobierno lanzó en verano el denominado "sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler", una potente herramienta estadística que pretende servir de base para adoptar políticas en materia de limitación de rentas. El objetivo inicial del sistema era precisamente que sirviese para fijar límites al precio del alquiler de manera más o menos inmediata, pero la pandemia de la Covid-19 dejó esa meta pendiente de fecha. Ahora sí que se fija un horizonte temporal para ponerla en marcha: principios del año 2021.
El indicador, con 11,2 millones de datos de arrendamientos de los últimos cuatro años y que se actualizará anualmente con información de 1,7 millones de inmuebles y 33.662 secciones censales, refleja en un primer análisis que algunas de las principales zonas "tensionadas" -aquellas en las que los hogares destinan más de un 30% de sus ingresos al arrendamiento o aquellos lugares en los que el precio ha aumentado entre un 25 y un 30% en pocos años- serían Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Málaga o las islas (Canarias y Baleares).
Precisamente el pasado 22 de septiembre entró en vigor en Cataluña la ley para regular el precio de los alquileres de viviendas, con lo que la comunidad se convirtió así en la primera de España en disponer de una norma para limitar el coste de los hogares arrendados. La normativa regula el precio en 60 municipios de la región y, aunque todavía es pronto para medir su impacto, los profesionales del sector apuntan a un parón del mercado. El Consejo Estatutario de Garantías, una suerte de 'Tribunal Constitucional catalán' no vinculante, dictaminó que la ley es inconstitucional porque la autonomía no tiene competencias para controlar los precios y vulnera el derecho a la propiedad privada y desde las asociaciones de propietarios piden al Ejecutivo central que la impugne.
Asimismo, PSOE y Unidas Podemos han acordado acelerar cambios en el Ingreso Mínimo Vital para solucionar el cuello de botella que existe actualmente a la hora de percibir la prestación. Era otra de las exigencias del área morada del Gobierno para facilitar unas cuentas públicas que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
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