Problemas para aprobar mañana el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en el Consejo de Ministros. La coalición negocia a contrarreloj y ahora mismo, a falta de unas horas para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presenten los planes económicos del Gobierno, no hay acuerdo. Hay fricciones por dos asuntos: la limitación del precio de los alquileres y las medidas para agilizar la maquinaria del Ingreso Mínimo Vital. Podemos exige al PSOE soluciones a lo largo de esta tarde.
Fuentes de Unidas Podemos aseguran que en este momento "no se ha cerrado todavía un acuerdo para poder llevar mañana el proyecto de Presupuestos al Consejo de Ministros". Se avecina, por tanto, una tarde de negociación para solucionar dos asuntos que el partido dirigido por Iglesias considera imprescindibles para llegar a un acuerdo.
Unidas Podemos quiere que el proyecto de ley de Presupuestos impulse medidas urgentes para regular el precio de los alquileres en las grandes ciudades. Lleva presionando desde la semana pasada para conseguirlo pero el Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos, es partidario de incluir esta medida en la próxima Ley de Vivienda. No hay consenso y Podemos no pretende aceptar el borrador si el PSOE no cede.
El Gobierno lanzó en verano el denominado "sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler", una potente herramienta estadística que pretende servir de base para adoptar políticas en materia de limitación de rentas. El objetivo inicial del sistema era precisamente que sirviese para fijar límites al precio del alquiler de manera más o menos inmediata, pero la pandemia de la Covid-19 dejó esa meta pendiente de fecha. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sostienen que no tiene sentido actuar con una foto de mercado previa a la pandemia y, por ello, no se pone un horizonte temporal a ese paso más allá de señalar que es "un compromiso de legislatura".
El indicador, con 11,2 millones de datos de arrendamientos de los últimos cuatro años y que se actualizará anualmente con información de 1,7 millones de inmuebles y 33.662 secciones censales, refleja en un primer análisis que algunas de las principales zonas "tensionadas" -aquellas en las que los hogares destinan más de un 30% de sus ingresos al arrendamiento o aquellos lugares en los que el precio ha aumentado entre un 25 y un 30% en pocos años- serían Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Málaga o las islas (Canarias y Baleares).
Precisamente el pasado 22 de septiembre entró en vigor en Cataluña la ley para regular el precio de los alquileres de viviendas, con lo que la comunidad se convirtió así en la primera de España en disponer de una norma para limitar el coste de los hogares arrendados. La normativa regula el precio en 60 municipios de la región y, aunque todavía es pronto para medir su impacto, los profesionales del sector apuntan a un parón del mercado. El Consejo Estatutario de Garantías, una suerte de 'Tribunal Constitucional catalán' no vinculante, dictaminó que la ley es inconstitucional porque la autonomía no tiene competencias para controlar los precios y vulnera el derecho a la propiedad privada y desde las asociaciones de propietarios piden al Ejecutivo central que la impugne.
Medida prometida en el pacto de Gobierno
En el pacto de Gobierno ya se contenía esta medida. En concreto se aludía a impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado". Para ello la coalición planteaba habilitar a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica".
De esta forma los ayuntamientos que así lo consideren podrían declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
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