El PSOE busca evitar los embargos de los créditos universitarios con una enmienda

  • Zapatero impulsó en 2007 unos préstamos con unas condiciones muy laxas que en 2008 desaparecieron. Ahora el PSOE quiere volver al principio. 
La utilidad de la universidad está en entredicho / Universidad de Navarra
La utilidad de la universidad está en entredicho / Universidad de Navarra

Más de 5.000 jóvenes universitarios han quedado atrapados por los Créditos Renta Universidad del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una fórmula de financiación que en 2007 puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que los estudiantes pudiesen pagar sus másters y estudios post universitarios con unas condiciones más que interesantes, que posteriormente desaparecieron.

El endurecimiento de las medidas para poder afrontar el pago de estos préstamos dejó en una situación crítica a miles de universitarios, que ahora además están al borde del embargo, tras una reciente sentencia judicial contra una receptora de las ayudas. Un precedente, que además es firme.

La situación dramática de estos jóvenes, que en muchos casos no han logrado empleo, lo consiguieron y durante la crisis lo perdieron o no tienen el apoyo familiar, ha llevado al PSOE a presentar una enmienda a los Presupuestos para volver a las primeras condiciones. 

Los socialistas solicitan la paralización de los requerimientos de pago tanto de la cantidad que cada estudiante solicitó en un primer momento, como de los intereses. También estiman que las entidades también deberían renunciar a la incorporación de los datos de los afectados a ficheros de morosos. Esta enmienda surge tras las conversaciones entre miembros de la Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad y Rafael Simancas, diputado socialista por Madrid. Según informan fuentes del Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda "se votará próximamente".

Los créditos fueron solicitados por unos 12.000 estudiantes de máster y doctorado. El crédito partía de un interés cero y permitía la posibilidad de prorrogar su amortización si el solicitante no alcanzaba el límite de 22.000 euros anuales. El problema llegó con el endurecimiento de las condiciones al año siguiente, en 2008, y los primeros impagos. 

Fue precisamente el PSOE de Zapatero el que hace 11 años, en los últimos momentos de bonanza económica, propuso esta iniciativa para financiar estudios de postgrado. Una de las clausulas más atractivas de este tipo de préstamos era que los solicitantes que en el plazo de 15 años no consiguiesen alcanzar la cantidad de ingresos de 22.000 euros anuales, verían su deuda condonada. 

La tasa de paro entre los menores de 25 años era de apenas el 18,5% y los Préstamos Renta Universidad parecían una opción más que atractiva para aquellos estudiantes que necesitaban ayuda económica para poder seguir con sus titulaciones. La iniciativa comenzó a modificarse y se añadieron intereses a los préstamos. Además, se eliminaba la cláusula de los ingresos mínimos para tener que devolver el dinero prestado. 

Los damificados por este tipo de ayudas económicas se multiplicaron. El primer caso judicializado es el de Marta, una joven que solicitó uno de estos préstamos del ICO con el fin de finalizar sus estudios a través de Unicaja Banco. Su caso podría ser el principio de una larga lista de afectados que podrían salir a la palestra en los próximos meses. 

En noviembre de 2011, con la llegada del Partido Popular al gobierno, este programa fue eliminado. Una orden ministerial publicada en Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de marzo de 2012, estipulaba la derogación de la normativa que regulaba los préstamos Renta Universidad. José Ignacio Wert, ministro de Educación en aquel momento, consideró que los créditos eran muy costosos y recordó que "para hacer el máster ya había becas". 

Ahora, el PSOE, impulsor de estas ayudas en 2007, trata de frenar mediante una enmienda las posibles consecuencias para los afectados. Miguel Ángel Llamas, abogado de la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad, ha afirmado que "nos vamos a personar en la causa y pediremos la nulidad de las actuaciones. Confiamos en que el juzgado rectifique porque la ley es clara en este sentido y el contrato que firmaron los estudiantes dice claramente que el Ministerio de Educación y la Agencia Tributaria son los responsables del cobro de las cantidades no pagadas, y no el banco". 

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