Madrid, 6 feb.- El PSOE ha pedido hoy a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de no pedir informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la proposición de ley del PP que pretende fijar los criterios para que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.
La Mesa del Congreso acordó el pasado martes con el voto del PP y la abstención de CiU no solicitar al CGPJ el citado informe, que había sido reclamado por el PSOE.
Se da la circunstancia de que la abstención de CiU fue determinante para que no prosperara esta petición, debido a la ausencia en la Mesa del presidente del Congreso, Jesús Posada, de visita oficial en Japón.
Los grupos de la oposición ya han criticado la "urgencia" del Gobierno para aprobar "por la puerta de atrás" esta proposición de ley del PP sin informe previo del CGPJ o del Consejo de Estado.
De hecho, el texto del PP se debatirá en el pleno del Congreso el próximo martes, menos de un mes después de que fuera registrado en la Cámara baja.
En su escrito de reconsideración, el PSOE considera "inadmisible" que la figura parlamentaria de la proposición de ley se convierta en un "atajo" del Gobierno para "sortear las exigencias legales" que se imponen a los proyectos de ley, como la petición de informes a los órganos consultivos.
En el texto, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, se propone que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.
Los delitos de la llamada jurisdicción universal serán perseguibles siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros con nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.
El PP incluye en la proposición una disposición transitoria en la que solicita que las causas que en el momento de la entrada en vigor de la ley se encuentren en tramitación "queden sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos".
La Audiencia Nacional tramita en este momento diversas causas bajo ese principio de justicia universal.
Una de ellas es la investigación sobre la represión en el Tíbet en la que el tribunal emitió en noviembre pasado órdenes internacionales de arresto contra cinco exdirigentes comunistas, entre ellos, el expresidente chino Jiang Zemin.
Otra de las causas que podría verse afectada es la investigación sobre la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak, ya que en este caso los militares imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz son ciudadanos estadounidenses que no se encuentran en España.
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