La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont prepara un escrito para pedir al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), como medida cautelarísima, recuperar la inmunidad parlamentaria que perdió en el pasado mes de julio y conseguir así frenar la extradición desde Cerdeña a España. Todo ello, de acuerdo a la resolución del vicepresidente del tribunal con sede en Luxemburgo del día 30 de dicho mes en la que dejaba la puerta abierta al líder independentista a solicitar la restitución de este privilegio si era detenido.
En dicha resolución, el TGUE avaló la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad parlamentaria a Puigdemont y a los eurodiputados de JxCAT Toni Comín y Clara Ponsatí -también huidos de la Justicia española-, al entender que no existía riesgo de detención. Para justificar esta conclusión, el auto señaló que "la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta".
Asimismo subrayó que mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada el pasado mes de marzo por el juez instructor de la causa del 'procés' independentista, Pablo Llarena, “nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas". En concreto, el magistrado del Supremo elevó dicha pregunta para aclarar el alcance que tienen las euroordenes, después de que las autoridades belgas denegaran la entrega del exconseller Lluís Puig.
Así, amparándose en lo señalado por el TGUE, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciado en una rueda de prensa que su equipo está ultimando un escrito para solicitar medidas cuatelarísimas que le permitan parar el procedimiento de extradición que se inicia en Cerdeña, tras la detención del expresidente catalán en la noche de este jueves en el aeropuerto sardo de l'Alguer (Italia). El letrado confía en que el tribunal europeo conteste "entre 24 y 72 horas", aunque ha precisado que el reglamento del tribunal no marca ningún plazo para estudiar esta petición que se basa en la urgencia.
Puesta a disposición judicial
Mientras tanto, el expresidente catalán, que permanece en la prisión de Bancali, será puesto disposición de la Corte de Apelación de Sàsser (Cerdeña), órgano competente para estudiar si accede a la reclamación del Tribunal Supremo para poder juzgarle por un delito de sedición por los hechos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, o si por el contrario entiende que la orden europea de detención y entrega se encuentra en suspenso, tal y como defiende la defensa de Puigdemont. También deberá acordar si deja en libertad o no a Puigdemont mientras se resuelve el proceso de extradición.
El Tribunal Supremo entiende que las órdenes europeas de detención emitidas contra Puigdemont y los exconsejeros que se fugaron junto a éste en 2017 no han dejado de estar vigentes desde que el juez Pablo Llarena las reactivó el 14 de octubre de 2019, día en el que se conoció la sentencia por el proceso independentista en Cataluña que condenó a 9 de los 12 acusados por el delito de sedición. Y así lo ha señalado el propio magistrado instructor en un oficio remitido a Italia, en el que, además, subraya que la cuestión prejudicial que elevó al TJUE "no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento".
Por el contrario, la defensa del expresidente catalán cuestiona la legalidad de la detención, ya que, según ha manifestado, se produjo mientras acudía a un acto en calidad de eurodiputado. En este sentido, el abogado Gonzalo Boye ha apuntado que Puigdemont ha viajado recientemente a Francia sin ser detenido ni toparse con controles policiales ni judiciales. Asimismo, el letrado defiende que las euroordenes emitidas se encuentran en suspenso porque el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) determinó el pasado 30 de julio que no se podían ejecutar en ningún país.
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