Los contagios de coronavirus que están fuera del radar de las autoridades sanitarias madrileñas ya están pasando factura a las medidas de contención de la pandemia que se aplicaron. La existencia de transmisión comunitaria en la región está provocando que la primera barrera de contención, la de los rastreadores, ya haya caído. Que los contagios estén descontrolados y apenas se pueda localizar el origen de la mayoría hace inservible la labor de la plantilla actual, que ya apenas llegaba a contactar con gran parte de los positivos. Una situación que admiten las fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por La Información, pero ante la que la Consejería de Sanidad insiste en que tienen casi 1.000 personas en estas tareas y que seguirán reforzándolos. Aunque expertos consultados por esta redacción apuntan a que ahora harían falta "el doble o el triple" para intentar reconducir la situación, junto a otras medidas de control y a un aumento de restricciones.
La apuesta por los rastreadores coincidiendo con el fin del confinamiento buscaba localizar los brotes que se produjeran y poder aislar a tiempo a todas las personas positivas o que hubieran estado en contacto con estas para cortar la transmisión del virus. Algo que era un requisito para que Moncloa permitiera a las comunidades ir avanzando de fase durante la desescalada. Madrid prometió en mayo que tendría hasta 400, en un momento en el que los contagios estaban totalmente estabilizados tras al aislamiento de la población. Pero el comienzo de la segunda oleada, con varios casos en distintos entornos que fueron aumentando exponencialmente, evidenció que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no había cumplido con lo prometido. En verano admitió tener algo más de 250 rastreadores que se dedicaban exclusivamente a la Covid-19. Y prometió que contrataría más mientras los positivos seguían creciendo.
Pero ya es tarde, según las fuentes gubernamentales consultadas por este diario. Señalan que los rastreadores actuales "ya no sirven" para cortar la transmisión existente, con un 22% de casos positivos, al ser imposible localizar y monitorizar a todos los contagiados y a las personas con las que hayan estado en contacto. Los testimonios de quienes han pasado el virus y no han recibido ninguna llamada de Salud Pública se multiplican día a día. Y si ya era complicado en agosto lograr que estos técnicos trabajaran en unas condiciones adecuadas, lo ocurrido en septiembre, con las hospitalizaciones triplicándose y sin revertir la tendencia de positivos, ha dado la puntilla. Sin contar con que en medio se ha producido la vuelta al colegio, que también ha sido otro foco de conflicto por las quejas de padres y profesores de apenas contar con instrucciones ni seguimiento cuando se han producido casos en los centros educativos.
"Es un secreto a voces que ya no sirven. Los altos cargos no lo ocultan cuando se les cuestiona sobre ello, y saben que hacen falta más medidas. Pero por ahora, todo va a seguir igual", explican las mismas fuentes, que señalan que la gestión de Ayuso y de su responsable sanitario, Enrique Ruiz Escudero, no ha sido la de apostar por los rastreadores desde el principio. Pero la consejería del ramo no renuncia a ello, y señala a este diario que ya están "cerca de los 1.000 efectivos" para localizar y atender a contactos. Un cuerpo que se seguirá reforzando en las próximas semanas, según fuentes de la Sanidad madrileña. Aunque desde el departamento de Escudero no responden a si será efectivo continuar con la labor de los rastreadores con la transmisión comunitaria descontrolada en todo el territorio autonómico.
De una app... al cierre de espacios conflictivos
Como cuentan expertos consultados por este medio, el rastreo cumple su función cuando se realiza en un momento de control de la pandemia. Esto ocurría a principios de verano, con la llegada de la nueva normalidad y con la presión hospitalaria en niveles muy bajos. "Ya no estamos en una situación de posible control. El rastreo busca cortar las cadenas de transmisión, y cuando hay mucha, ya es difícil hacerlo", explica el epidemiólogo Pedro Gullón, coautor del ensayo 'Epidemocracia' (Capitán Swing, 2020). Según el científico, la única manera de que la labor de los rastreadores pueda aprovecharse es "combinarlo con otras medidas que asuman que todos somos posibles contagiados, como ocurrió durante el confinamiento". Entre estas estarían una aplicación que lance avisos a los contactos del contagiado, labor que debería estar realizando RadarCOVID; el aumento de las restricciones para evitar que haya concentraciones en lugares cerrados, lo que implicaría clausurar negocios; o un reimpulso al teletrabajo.
Como recuerda Gullón, "esto ya no es como marzo, cuando nos encerramos todos". Ante lo que considera que no es que los rastreadores actuales sean insuficientes, sino que "ya habría hecho falta tener el doble o el triple cuando comenzó la nueva normalidad para no haber llegado a esta situación". Además, el epidemiólogo apunta a que se produzca una "restricción de actividades" y a un "cierre perimetral" de Madrid, para así evitar que la población pueda transmitir el virus a otras zonas del país. Pero este experto insiste en poner el foco en la situación de una atención primaria que ya está colapsada, que además tendrá que lidiar con los contagios de gripe del otoño e invierno próximo.
Desde la oposición al Ejecutivo de PP y Ciudadanos también tienen claro que los rastreadores actuales no van a poder con todo. Y de hecho denuncian que son muchos menos de los que dice tener la Comunidad de Madrid, en palabras de Mónica García, portavoz de Más Madrid. Según García, Sanidad incluye en esa figura "a la gente que se dedica en exclusiva a ello, a los técnicos de Salud Pública y a algunos profesionales de primaria, cuando los que deberían hacer esa labor son los primeros". "Cada rastreador puede tener asignadas a 10 o 30 personas por cada positivo, y dado que sus seguimientos crecen, se pueden recomendar otras maneras de seguimiento. Pero es que aquí no se ha hecho ni el primer paso necesario", afirma García, que resalta que Madrid hace trampas "al decidir no hacer pruebas a contactos estrechos de un positivo si no son convivientes o no tienen síntomas".
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