El juez ratifica la prisión para el presunto cerebro de la trama recién extraditado de Moldavia

La juez del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que investiga el 'caso Emarsa' ha decidido ratificar la prisión provisional sin fianza para el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, considerado presunto 'cerebro' de la trama, detenido el pasado mes de junio en Moldavia --donde fue condenado por una causa diferente-- y cuya extradición se produjo el pasado viernes.

La magistrada ha tomado esta decisión en relación con los dos procedimientos que tiene abiertos su juzgado sobre Roca, tras una comparecencia celebrada este lunes en la Ciudad de la Justicia de Valencia donde el ministerio fiscal ha pedido la prisión provisional, comunicada y sin fianza del empresario, petición a la que se ha adherido la acusación particular y la popular. Por su parte, la defensa ha reclamado la libertad de su cliente.

La juez ha decidido ratificar la prisión provisional que acordó en junio --en el momento de la detención en Moldavia--- al considerar, según consta en los autos, que "es evidente" la capacidad de Roca para "moverse por el extranjero" ya que en estos años ha constituido o adquirido sociedades donde tiene abiertas cuentas bancarias como en Malta y Andorra; que está próxima la celebración del juicio; que se ha "perdido el rastro del dinero defraudado"; no tiene arraigo en España y existen "evidencias" de que trata de ocultar su verdadero domicilio.

El empresario se ha acogido a su derecho a no declarar cuando iba a ser interrogado en dos piezas distintas de 'Emarsa': la principal, en la que está acusado de un delito de malversación, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad documental; y una pieza separada, de menor entidad, en el que está acusado de delito fiscal, y en la que la jueza considera que Roca emitió facturas por importe de 667.300 euros que no respondían a servicio alguno y favoreció con ello que la empresa contra la que giraba esas facturas defraudara más de 251.000 euros.

AGUJERO DE 23 MILLONES DE EUROS

El imputado fue detenido por la Interpol el pasado verano en Moldavia, ya que desapareció de España tras destaparse la investigación por el agujero millonario --cifrado en más de 23 millones de euros-- en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia). Tras ser arrestado, la instructora de la causa solicitó su extradición.

El prófugo está considerado el presunto cerebro de la trama de empresas creadas para desviar fondos de Emarsa, un caso que suma en su pieza principal a 25 acusados. De hecho, en noviembre la Audiencia Provincial de Valencia suspendió el juicio del caso Emarsa hasta que Moldavia extraditara al presunto cabecilla.

En la pieza principal están acusados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil, exdirectivos de Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales), y varios empresarios.

En el mes de enero de 2012, se dictó una orden europea de detención contra Roca, administrador de empresas dedicadas a la gestión de lodos que se considera que fueron interpuestas en la cadena de facturación entre 2005 y 2010 para incrementar artificiosamente el valor de los trabajos, hasta el punto de que Emarsa abonó una cifra que supera en más de 10 millones de euros lo que costaba realmente el servicio.

En concreto, el empresario era el administrador de Etwas Eigentlich; Erwinin; Zonday Investments; Agrolemos YN; Samperini y Printergreen. Como ejemplo de irregularidades, la juez ha señalado que en el año 2009, Erwinin facturó a Emarsa directamente 370.588 sin que realizara trabajo adicional alguno y posteriormente, Roca, a través de esta mercantil, Zonday y Printergreen --que es la que factura sin realizar la menor actividad--, facturó 1.789.268 euros a la empresa de Pinedo. Las facturas de Printergreen a Emarsa se elevaron a 1.077.560 euros en 2010 sin que conste que se realizara trabajo alguno para ella.

Sobre estas entidades, la jueza que instruye el caso asegura que "no se aprecia ni en la composición accionarial, ni en su forma de administración, elementos de corrección y regularidad" y no observa "verosimilitud alguna" en las facturas emitidas por estas empresas. Estas firmas obtuvieron de Emarsa "cuantiosísimos ingresos", añade la magistrada. También se desprende que ninguna de estas sociedades "tuvo medios, ni humanos, ni materiales, ni financieros, para desplegar las supuestas actividades económicas que a las mismas se atribuye por terceros receptores de facturas".

Con posterioridad al ingreso, el dinero era transferido mediante operaciones internas a las cuentas bancarias de cada una de las mercantiles intervinieres para, finalmente, ser reintegrado mediante diferentes formas, entre las que era muy habitual la extracción de dinero con tarjeta bancaria en cajeros. La instrucción considera que la participación de Roca en los hechos investigados se puede calificar como "imprescindible y necesaria" para conseguir el fraude final.

BOTNARI GHEORGHII

Roca fue detenido en Moldavia por delitos cometidos en ese país y por los que ha cumplido diez meses de prisión, pero en el momento de su detención, se identificaba con el nombre de Botnari Gheorghii Alexandr y portaba documentación falsa que así lo acreditaba.

Sin embargo, éste fue el último país por el que pasó el ahora encarcelado provisionalmente. Previamente, en el año 2008, Roca abandonó España para establecerse en Francia, donde residió hasta 2010 y llevó a cabo una actividad empresarial por la que se encuentra investigado por el Tribunal de Gran Instancia de Burdeos, como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales, según la jueza.

Además, durante ese mismo periodo de tiempo constituyó una empresa en Malta y adquirió otra de nacionalidad panameña en el Principado de Andorra. En este último país, también se encuentra investigado como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.

Según se desprende de las investigaciones, también posee firmas radicadas en Rumanía, que le sirvieron para cerrar un acuerdo con una firma de Pakistán, consistente en un contrato de distribución de vehículos destinados al servicio de taxi del país islámico, que resultó no ser viable. Sin embargo, la jueza afirma que las relaciones comerciales supuestamente llevadas a cabo por estas empresas "pudieran ser ficticias" y algunas de ellas podrían tener como objeto conseguir comisiones millonarias.

Tras su desaparición, en 2010, se ha tenido constancia de su posible paradero a través de movimientos en cuentas bancarias abiertas a su nombre o al de sus empresas, al detectarse salidas de fondos, entre otros países, a Rumanía, China y Bulgaria.