Lucía Leal
Washington, 14 nov.- El Tribunal Supremo de EE.UU. anunció hoy que admitió a trámite las demandas contra la reforma del sistema sanitario, dando pie a un proceso que puede derrumbar o impulsar la mayor victoria legislativa del Gobierno de Barack Obama.
Después de más de 30 procesos en cortes ordinarias y de apelaciones de todo el país, la máxima instancia judicial acogerá el próximo marzo la batalla definitiva en torno a la controvertida ley, aprobada en 2010 por un Congreso de mayoría demócrata.
Las cinco horas y media de audiencia que mantendrá el Supremo serán cruciales para los gobernadores y fiscales generales de 26 estados que han presentado la demanda, además de para la nueva Cámara de Representantes dominada por republicanos, que han hecho de la revocación de la ley su máxima prioridad.
Pero quien más arriesga en el proceso es el propio Obama, quien podría ver invalidada la que se ha considerado su aportación más importante a la legislación del país y su principal herencia.
La decisión del Supremo, prevista para junio de 2012, llegará además en el punto crítico de la campaña para las elecciones presidenciales.
La aspiración de Obama de ser reelegido aparece ya mermada por la difícil recuperación económica y el alto índice de desempleo en el país.
Los nueve jueces de la corte valorarán varios asuntos, pero el central es el que cuestiona si es constitucional que la ley exija que todos los ciudadanos estadounidenses deban contratar un seguro médico, bajo pena de multa.
Para los republicanos, ese requisito supone una "expansión inconstitucional y sin precedentes de la autoridad del Gobierno federal sobre las vidas diarias de cada estadounidense", según aseguró hoy el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, en un comunicado en el que urgió al Supremo a que revoque la ley.
El Gobierno de Obama, por su parte, argumenta que esa cláusula es necesaria para atajar la situación de las casi 50 millones de personas que actualmente no tienen cobertura médica, y que sin ella no se sostienen otras partes de la ley.
En el caso de que los jueces decidan finalmente que ese requisito es inconstitucional, pasarán a examinar si anulan sólo ese punto o la ley en su totalidad.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia han insistido en que, de ser invalidado su requisito básico, se mantenga el resto de la ley, aunque advierten que sin esa cláusula no se mantiene otro punto clave de la medida, el que estipula que las empresas de seguro médico no pueden rechazar a ningún cliente.
No obstante, otros apartados son independientes de la cláusula, como el que permite a los niños y jóvenes de hasta 26 años permanecer adscritos al seguro de sus padres.
El Supremo examinará también si permite la expansión de Medicaid, un seguro médico financiado por los Gobiernos estatales y el federal y que cubre a los estadounidenses con bajos ingresos.
La mansión presidencial, que había recomendado que el Supremo aceptara la demanda, celebró hoy la decisión de la corte.
"Sabemos que la reforma de salud es constitucional, y estamos seguros de que el Tribunal Supremo estará de acuerdo", dijo el director de comunicación de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, en un comunicado.
Por su parte, la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB), que se encuentra entre los demandantes junto a los 26 estados republicanos y dos individuos, confió en que la corte se pronuncie "a favor de las pequeñas empresas" a las que representa.
"Los creadores de empleo de nuestra nación dependen de que se alcance una decisión antes de que los efectos dañinos de esta nueva ley se conviertan en irreversibles", dijo en un comunicado la directora ejecutiva de NFIB, Karen Harned.
Aunque la ley no entra en vigor oficialmente hasta 2014, y los estadounidenses no están obligados a adquirir un seguro hasta entonces, la Casa Blanca ha iniciado ya el proceso de aplicación de algunos de sus componentes.
La cláusula central de la ley obliga a los estadounidenses a comprar un producto, el seguro de salud, amparándose en el poder que la Constitución otorga al Congreso para regular el comercio entre estados.
La cuestión clave en la compleja decisión que deberá tomar el Supremo será, por tanto, si ese punto de la Constitución basta para sostener la medida o si, como argumentan los republicanos, el seguro de salud excede la definición de producto comercial.
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