Turno para la CNMV en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El que fuera vicepresidente del regulador, Fernando Restoy, ha sacado pecho por el control que se ejerció sobre el folleto de la OPS asegurando que no se identificó ninguna irregularidad ni en la fijación del precio de las acciones ni en la información que se suministró desde el banco a los accionistas que participaron en el debut bursátil. De esta manera, el economista ha mantenido la versión que prestó durante la instrucción del procedimiento aunque en esta ocasión no lo ha hecho en calidad de investigado sino como testigo.
Restoy, que ha participado en la vista oral mediante videoconferencia desde Suiza, ha asegurado que la CNMV "cumplió con su trabajo" porque consiguió que los inversores tuvieran acceso a "toda la información relevante" de los estados financieros del grupo BFA Bankia. Como consecuencia de esta "transparencia", ha dicho, se consiguió que el precio de salida que fijó la entidad presidida entonces por Rodrigo Rato respondiera a las exigencias de mercado, de acuerdo el economista, que ha recordado que no es obligación de la CNMV autorizar la salida a bolsa de las entidades.
Con todo, el también expresidente del FROB ha recalcado que el precio de las acciones no tuvo repercusión en los estados contables de Bankia. "Una cosa es el valor de mercado y otra el valor contable", ha dicho, pese a que hay voces desde el Banco de España que no solo no apuntan en esa dirección sino que aseguran que se cometió una "bestialidad" en lo que respecta a este punto concreto porque el precio de 3,75 euros fijado era muy bajo en comparación con el valor que los entonces gestores otorgaban a la entidad. Esta es la versión que defendió este mismo lunes en sede judicial Jorge Pérez, exjefe de normativa contable del supervisor.
Sin visos de contracción económica
El exvicepresidente de la CNMV ha querido dejar claro durante toda su testifical hasta qué punto llegaba la responsabilidad del organismo, teniendo en cuenta que las presuntas irregularidades que ahora juzga la Audiencia Nacional le llevaron a estar imputado después de que la Sala de lo Penal accediera a la petición formulada por la acusación que ejerce la CIC. Por ello, y ante la insistencia de su letrado Andrés Herzog, Restoy ha reiterado en diversas ocasiones que el objetivo del regulador era que el folleto fuera transparente y al respecto ha destacado que les pareció positivo que el precio lo fijaran más de 16.000 inversores cualificados.
Restoy también ha hecho alusión a la situación económica en la salida a bolsa de Bankia en julio de 2010. Sobre este asunto ha asegurado que no existían entonces informes que hicieran dudar de la operación y que en ese momento preciso no había constancia todavía de la contracción de la economía, si bien después de esa operación "las circunstancias cambiaron". "Debo decir que la información que disponíamos en la CNMV reflejaba una cierta confianza de éxito de la operación", ha apuntado durante su intervención.
Caja Madrid no fue entidad dominante
Tampoco hubo irregularidades en lo que respecta a la información que se exigió al grupo con motivo de su debut bursátil. Sobre este punto concreto Restoy ha recordado que, aunque la normativa del regulador establece que en los procesos de operación de salida a bolsa se debe exigir información financiera auditada de tres años, se permite exceptuar los casos de entidades que surjan de la fusión de otras que sí cumplieron previamente con esta exigencia, como es el caso de Bankia. Además ha reconocido que aunque Caja Madrid tenía una posición "más significativa" al ostentar más del 50% de la integración, desde la misma se renunció "explícitamente" a controlar el grupo ya que, de haber sido así, no se trataría de una fusión sino de una absorción.
Restoy también ha mandado un 'recado' a los expertos del Banco de España que cuestionaron en su peritaje la salida a bolsa de Bankia asegurando que no comparte su criterio. De hecho, ha asegurado que las provisiones podían ser utilizadas para deterioros de la entidad que se identificaran con posterioridad a este proceso. "El FROB aclaró que los más de 3.000 millones que tenía la entidad en concepto de previsión genérica podrían utilizarse para deterioros adicionales como los que identificaron los peritos", ha apuntado.
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