Con la testifical de Christine Lagarde en el caso Bankia a la vuelta de la esquina, las miradas siguen puestas en el papel que jugó el FMI en el control y posterior ocaso de la entidad en 2012. El organismo protagonizó un destacado viraje en sus proyecciones para la entidad en apenas dos meses de tiempo; los que separan la era Rato de la de Goirigolzarri. De esta forma, pasó de advertir en abril que si quería sobrevivir le convenía tomar medidas de calado con urgencia a celebrar ya en junio que contaba con un apoyo financiero creíble.
Ambas conclusiones surgieron como resultado de la misión del FMI en España aunque su contenido difiere ligeramente en función de la fecha en la que se hizo público. Así, las advertencias más duras se incluían en las conclusiones provisionales del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) que se adelantaron al mes de abril. Precisamente, su difusión antes de la fecha prevista -hecho insólito hasta el momento-, ha sido objeto del procedimiento que acoge la Audiencia Nacional ante la acusación por parte de algunos de los principales acusados (plasmada en el informe de auditoría del FMI) de que se debió exclusivamente a petición del Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy.
En este escueto documento, con fecha del 25 de abril, la misión encabezada por Ceyla Pazarbasioglu puso el foco en un grupo de diez bancos, muchos de los cuáles se habían identificado como vulnerables tras haber recibido importantes inyecciones de capital. Cinco de ellos -siempre según la nota- habían sido adquiridos o fusionados con otras entidades solventes. Tres estaban en proceso de subasta y los otros dos se habían comprometido a llevar a cabo planes de negocio tras el visto bueno del banco central. "Para garantizar la estabilidad financiera es clave que esos bancos, especialmente en más grande, tomen medidas rápidas y decisivas para mejorar las prácticas de gobernanza", expuso entonces el FMI en referencia indirecta a Bankia.
Apoyo financiero creíble
Se da la circunstancia de que estas advertencias se conocieron tras las reuniones mantenidas entre Lagarde y el exministro de Economía Luis De Guindos y en un momento en que el futuro del banco pendía de un hilo. De hecho, el comunicado en cuestión vino seguido de la presentación de los estados financieros de 2011 ante la CNMV sin auditar y la dimisión de Rato que se produjo el 7 de mayo de ese mismo año. Preguntado por este asunto, el ahora vicepresidente del BCE negó reiteradamente que tuviera capacidad de influencia alguna en las decisiones del FMI pero las conclusiones del auditor del fondo relativas a 2016 y adelantadas por La Información, apuntaron directamente al Ejecutivo español como el responsable de que estos puntos de alarma se hicieran públicos precipitando así el ocaso de la entidad.
Apenas dos meses después y aunque el panorama macroeconómico seguía siendo preocupante, el FMI publicó su dictamen completo en el que las previsiones para Bankia ya no eran tan alarmistas. De hecho, en el primero de los 19 puntos que recogieron los miembros de la misión ya se alude, de nuevo sin mencionar a Bankia, a que estaba siendo reestructurada -tras la inyección de capital del FROB- y que, a dicho apoyo financiero "creíble", habría que sumarle el respaldo de los socios europeos de España. Igualmente pedía que se clasificaran los bancos en tres grupos: los que no necesitaban apoyo, los viables que precisaban de respaldo del Gobierno y los no viables.
De nuevo en su punto octavo se aludía a Bankia como "el cuarto banco más grande" para apuntar que debería presentar rápidamente su estrategia y calendario de reestructuración, teniendo en cuenta que, para entonces, ya había tomado control de la situación el actual presidente Ignacio Goirigolzarri. Aunque esto forme parte de las conclusiones finales y debieran ser éstas las que sirvieran de referente para el organismo, lo cierto es que, a tenor de la testifical de Guindos en el procedimiento, el foco se ha puesto en el avance conocido en abril así como en el análisis que hizo del mismo la auditoría externa del FMI, la cual concluyó que había sido un movimiento controvertido pero justificado y que se hizo a petición de las autoridades españolas.
Por todo ello, la versión que presten tanto Lagarde como Pazarbasioglu en su testifical -señalada para el próximo miércoles- son de gran trascendencia, sobre todo para el exministro de Economía. Y ello pese a que su intervención en el juicio por la gran crisis financiera de España se hará de una forma cuanto menos inusual debido a la "política de inmunidad" del FMI con sus altos cargos. Bajo esta premisa, el organismo de Washington cerró la puerta a cualquier posibilidad de que la declaración se hiciera por videoconferencia tratando así de minimizar lo máximo posible el impacto de la intervención de Lagarde en este macroprocedimiento penal.
Estas exigencias han obligado al tribunal de la Audiencia Nacional ha optar por la única alternativa posible: formular un cuestionario de preguntas para que sea respondido y enviado de vuelta a España. El mismo, elaborado por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y al que ha tenido acceso La Información, pone el foco precisamente en las distintas reuniones que mantuvieron De Guindos y Lagarde en lugares como Davos o el G-20 en México. La acusación quiere conocer al detalle los verdaderos motivos de esos encuentros y lo que trataron en los mismos así como por qué se adelantaron las conclusiones del FSAP y cuál es la cifra concreta de ayudas barajaba el FMI cuando alertó de las necesidades de capital de Bankia.
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