Ruz sigue investigando torturas en Guantánamo pese reforma justicia universal

  • El juez Pablo Ruz ha decidido hoy proseguir con la investigación sobre supuestas torturas en la prisión de Guantánamo (Cuba) a cuatro expresos, dos de ellos españoles -Hamed Abderraman, conocido como el "talibán español" y Lahcen Ikassrien-, pese a la reforma de la justicia universal.

Madrid, 15 abr.- El juez Pablo Ruz ha decidido hoy proseguir con la investigación sobre supuestas torturas en la prisión de Guantánamo (Cuba) a cuatro expresos, dos de ellos españoles -Hamed Abderraman, conocido como el "talibán español" y Lahcen Ikassrien-, pese a la reforma de la justicia universal.

Ruz rechaza así en un auto archivar esta causa en aplicación de la nueva norma y la mantiene abierta por torturas y contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, delitos que están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura.

Según el juez, "nos encontraríamos ante una evidente colisión" entre la reforma "y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales" y por ello acuerda transformar las diligencias previas en sumario, "continuando la instrucción de la presente causa".

De este modo, Ruz actúa en contra de lo que le pidió la Fiscalía, que le reclamó, como ha hecho en otras causas de justicia universal como el caso Couso o el genocidio del Tíbet, que concluyera el sumario y lo elevara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que sea éste órgano el que decida si cabe el archivo o la interposición de recurso de inconstitucionalidad a la nueva ley.

En este mismo auto, el juez reitera la comisión rogatoria que libró en enero a Estados Unidos para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman y al marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, relatadas en la querella interpuesta contra el expresidente de EEUU George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld por estos hechos.

El pasado 23 de enero, el juez libró esta comisión rogatoria para que le informen si existe o no una investigación sobre estas dos personas y otros dos expresos que se personaron en la causa, Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que tenga que ver con denuncias sobre irregularidades y malos tratos o torturas en Guantánamo.

El principal objeto de esta diligencia es delimitar si en este caso se da el principio de subsidiariedad, es decir, si los tribunales españoles son competentes para investigarlo porque los estadounidenses no lo hacen o si, de lo contrario, las autoridades norteamericanas tienen un procedimiento abierto, lo que descartaría a la jurisdicción española.

Una vez obtenga la respuesta de las autoridades estadounidenses, el juez anuncia en su resolución que elevará exposición razonada a la sala segunda del Tribunal Supremo para que dictamine si verdaderamente se están investigando allí esos hechos y se pronuncie sobre la posible concurrencia del llamado principio de subsidiariedad.

Ruz pidió en enero esa información a EEUU en vista de la sentencia que dictó el Tribunal Supremo respecto a una querella contra los creadores de Guantánamo que recayó en el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El alto tribunal confirmó el archivo de la querella por torturas contra seis asesores de la administración Bush por dar apoyo legal a la creación de la prisión de Guantánamo, al constatar que ese país ya tenía abiertas investigaciones sobre ese centro penitenciario en relación a los querellados.

En marzo de 2012, Ruz ya reiteró la petición de información a EEUU sobre si estaban investigando los mismos hechos, a los que atribuía "un vínculo de conexión relevante con España", en vista de la falta "absoluta" de respuesta de otros requerimientos remitidos en mayo, agosto y octubre de 2009 y en enero y septiembre de 2011.

El magistrado también preguntó a la Fiscalía si debía investigar al propio Bush por las torturas denunciadas por los cuatro expresos y el ministerio público estimó que no debía hacerlo porque no existía ningún elemento que permitiera identificar a los responsables de los delitos.

Además de Bush, Cheney y Rumsfeld, la querella se dirige contra los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables del campo de detención.

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