Sábado, 23.02.2019 - 04:41 h
El fin del macroregulador creado en 2013

Giro en la CNMC: el Gobierno Sánchez prepara un supervisor con más poderes

La ministra de Transición Ecológica reclama órganos reguladores que faciliten el envío de "señales adecuadas de precios" en los mercados

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. / EFE

El polémico experimento de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha durado cinco años. El Gobierno del PP fusionó en 2013 media docena de organismos reguladores en uno al tiempo que se reservaba competencias en áreas sensibles como las tarifas eléctricas reguladas. El resultado de la gran fusión ha sido una batalla interna continua; demandas ante el Supremo por las injerencias gubernamentales, y amenazas de sanciones por parte de la Comisión por mantener un sistema excepcional en Europa. El sistema toca a su fin.

La CNMC, formalmente independiente del Gobierno, está adscrita al Ministerio de Economía. Pero su buen funcionamiento es clave para desarrollar los planes del nuevo Ejecutivo en áreas sensibles como la energía o el medioambiente. La nueva ministra de Transición Ecológica, Teersa Ribera, apuntó en su dirección en su primer discurso oficial tras el traspaso de poderes. Ribera aseguró que el papel de los reguladores debe garantizar que los mercados perciban "señales adecuadas de precios".

Es un discurso que engancha directamente con las propuestas del comité que formó el PSOE para encarar la transición energética. Entre esas propuestas se cuentan la elaboración de un calendario de eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y un replanteamiento de las competencias del organismo -u organismos- que resulten de la reforma del superregulador.

Cobertura eléctrica y mix

En los planes de la nueva ministra Ribera, la CNMC recupera la responsabilidad sobre la cobertura de la demanda y el mix eléctrico, y el operador del sistema -Red Eléctrica de España, REE- pasa a desempeñar un papel central en la optimización de los recursos. Además, la CNMC recupera la capacidad de decisión sobre la parte regulada del recibo eléctrico que el ministro saliente, Álvaro Nadal, defendió con uñas y dientes lo mismo en España que en Bruselas.

La nueva CNMC será más especializada. El pacto de investidura de PP y Ciudadanos ya preveía la división del macroorganismo, pero el último plan del exministro de Economía, Román Escolano, ha quedado en el limbo. En su lugar queda el planteamiento socialista para la reforma. Consiste en una mayor especialización  para garantizar la vigilancia de las empresas, lo que aconseja la división de la CNMC en distintas áreas. No solo se trata de separar Competencia de Regulación, sino de constituir tres órganos separados. Para energía;  telecomunicaciones y audiovisual y transporte y servicios postales.

Tras los planes para dividir la CNMC está el convencimiento de que en el mercado energético, la competencia todavía es un objetivo a conseguir mientras los consumidores pagan uno de los recibos de electricidad más caros de la UE. 

Las divisiones internas en el superregulador y la imagen de debilidad que han proyectado han animado a las empresas, sobre todo a las grandes, a plantear una batalla a cada decisión o sanción del organismo. La espectacularidad de algunas sanciones  contrasta con los sonados reveses cosechados en los tribunales, sobre todo la Audiencia Nacional.

Batallas judiciales

Las batallas judiciales han alimentado las críticas hacia el presidente del organismo, José María Marín Quemada, por centrar la actividad de la CNMC más en las sanciones que en la introducción de elementos de disciplina del mercado. La realidad en torno a las multas ha enconado el debate. Los últimos datos conocidos hace un año indicaban que desde 2013, la CNMC había dictado 272 sanciones por un importe de 914 millones pero sólo había cobrado unos 30 millones.

Una realidad tan cruda obligó al organismo a preparar un informe con el que salvar la cara. El documento se centraba en el porcentaje de sentencias que han confirmado sus sanciones entre 2014 y 2017: 75% por la Audiencia Nacional y 82% por el Tribunal Supremo. Es la llamada "tasa de éxito". Pero no equivale a cobrar.

Los recursos ante la Audiencia Nacional llevan tres o cuatro años y a ellos hay que añadir otros dos o tres en nuevas reclamaciones ante el Tribunal Supremo. Total, seis o siete años en el mejor de los casos. La conclusión es que hacia 2020, Competencia espera ingresar en torno al 80% de las sanciones. El 20% restante quedará en el aire.

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