Irene Regueira tiene 21 años y un TFG que presentar el próximo mayo, justo cuando se agotan los seis meses que la separan de una operación que pondrá fin a una fuerte amigdalitis con brotes intermitentes que ya le han supuesto dos ingresos. Irene relata que todo comenzó el pasado agosto y que "empezaron recetándome un antibiótico para tomar en casa". Un mes y tres brotes después, los sanitarios decretaron su primer ingreso, seis días en un hospital ferrolano, y una cita con el otorrino para noviembre, superando los 33 días de media que se demora en Galicia una consulta para el especialista.
La cirugía en estos casos es una salida reservada solo a pacientes que hayan pasado un mínimo de cinco brotes en un año: Irene sufrió cuatro en tres meses. La especialista que valoró su caso en noviembre, después de otra semana ingresada en A Coruña, decidió que el nombre de esta estudiante de Magisterio debía formar parte de los 44.776 pacientes que aguardan una intervención similar en España: "Si a mí me hubiesen tratado desde un principio ahora pillaría solo un catarro en lugar de acabar ingresada".
No es un caso aislado. Irene es una más entre los 671.494 españoles que viven pendientes de la llamada que les abra las puertas del quirófano. Los últimos datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad cifran en 115 días la demora media en los quirófanos públicos, una cifra que expone la saturación de un sistema sanitario que ha batido su propio récord de retraso con su peor resultado desde el año 2003. Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), ha descrito la situación como "muy preocupante" y ha señalado directamente a la, en su opinión, escasa partida presupuestaria: "Estamos destinando un porcentaje del PIB bastante por debajo del de 2009, y esta es una de las consecuencias principales"
Desde la Asociación de Víctimas de Neglicencias Sanitarias (Avinesa) relatan un caso reciente en el que tuvieron que intervenir. Hallaron a un enfermo psiquiátrico en pésimas condiciones higiénicas. "Tenía una cuidadora pero estaba abandonado", explican. Esta situación, que llegó a implicar riesgo biológico, le generó un linfoma no Hopking, un cáncer del tejido linfático, que se le detectó antes del verano en un hospital toledano. En un primer momento le practicaron una biopsia desacertada que, siempre según el relato de la asociación, la doctora abogó por repetir sin dilación. "Pero no le hicieron caso". Le dieron un plazo de espera de un año. Fue entonces cuando la asociación, que achaca las demoras a "la mala planificación y unos recortes que llevan a los médicos a hacer peonadas", intervino y aceleró el proceso.
El tumor que tiene Laura Prats en el pecho no es maligno, pero le genera "ansiedad". Se lo detectaron hace dos años pero la 'no urgencia' del caso ha provocado que un hospital balear no la derivase a un anestesista hasta el pasado septiembre, un especialista con quien no se reunirá por lo menos hasta noviembre. "Como es una intervención cara, no querían operar", argumenta. Antes de entrar a cada una de las múltiples revisiones a las que ha acudido en estos 730 días, la joven revivía el mismo bucle -"¿habrá crecido?"- y es que, aunque las probabilidades son muy bajas, cabe la posibilidad de que ese bulto un día deje de ser benigno.
"No me duele ni me impide hacer nada, pero cuando me lo toco me pongo nerviosa porque es bastante grande", relata Laura, que ahora mira con cierto recelo una operación que, si el sistema fuese perfecto, efectuaría un cirujano estético y no un facultativo de Digestivo. Con todo, asegura que la intervención podría dilatarse hasta uno o dos años más, teniendo en cuenta que su caso no es preferente: "Solo pienso que a mí por lo menos no me duele nada, pero hay otras personas que sufren con solo sentarse y tienen la misma preferencia que yo".
Rafael Molina es chófer de camión, lleva más de sesenta días sin ir al trabajo, los dos meses que han transcurrido desde que le intervinieron con un doble catéter ureteral en un hospital madrileño. Las razones para este aplazamiento son claras: los especialistas de esta rama acumulan hasta 52.220 pacientes en suspense. Muchas quejas y una reclamación después, Molina aún no ha recibido respuestas sobre su siguiente paso, una operación cuya tardanza empieza a desdibujar su futuro laboral: "No puedo trabajar y en mi empresa ya me han dado un aviso". De nuevo, el presidente de la OMC achaca el problema a la falta de medios y asegura que las CCAA tienen un verdadero "problema" en la ausencia de médicos, rasgo que se agudiza en determinadas áreas de la Atención Primaria: "Esto se repercute en más lentitud".
La especialidad de urología ocupa el tercer puesto en la lista de demoras: hasta 79 jornadas para obtener una cita y otras 44 para una intervención. Ricardo Martín tuvo que esperar hasta seis meses solo para obtener un diagnóstico. Su caso llegó al especialista con un mes de tardanza, este no llegó a recibirle pues trasladó su informe al cirujano "tras decidir que no formaba parte de su competencia" y, otros 45 días después, el segundo volvió a derivarlo al primero; durante este tiempo, Martín ha tenido que convivir con una alteración que obstaculiza su vida diaria. El hombre narra que acudió al médico por primera vez en octubre de 2018: hasta el 6 de noviembre no le han dado las llaves de la lista de espera.
Carmen tiene 76 años, vive con un diagnóstico de desprendimiento de útero desde noviembre de 2018 y asegura que "esto me ha quitado las ganas de hacer nada". La mujer acudió al ambulatorio donde restaron importancia a su dolencia y le aconsejaron que se inscribiera en una clase de ejercicios a la que asistió puntualmente cada jueves de los siguientes seis meses sin que se produjera ninguna mejoría. De ahí la derivaron a otro centro donde urólogos y ginecólogos "se pasaban la pelota" y así fueron pasando las semanas sin más solución que un tesario que cambiar cada seis meses y mucha paciencia porque "no es normal lo que tardan entre cita y cita, todo un verano para cuatro revisiones". El próximo lunes decidirán si su caso requiere cirujía por lo que ha preferido no decir su apellido "por si la Seguridad Social lo lee y toma represalias".
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