El fraude del Grupo Gowex no solo se dejó sentir en el mercado bursátil sino que incluso llegó a la banca. De hecho, el grupo dedicado a prestar servicios de conexión wifi en España dejó pendiente de pago más de 21 millones de euros en créditos formalizados con entidades financieras tales como Banco Santander, Bankinter, Banca March, Deutsche Bank o Caixablank, de acuerdo con el escrito de calificación la Fiscalía Anticorrupción contra los principales acusados en esta causa.
El Ministerio Público denuncia que el entramado empresarial que puso en marcha Jenaro García -que afronta 18 años de prisión por estos hechos- se aprovechó de la "ficción creada" sobre la realidad económica y solvencia del mismo para recurrir a las entidades bancarias con las que sustrajeron diversos créditos que se han quedado sin pagar. Entre ellos destaca el firmado con el Banco Santander en noviembre de 2011 para responder por las obligaciones derivadas de la concesión de un préstamo de 1,2 millones de euros que le otorgó el Ministerio de Industria de cara a potenciar un proyecto de wifi en Cádiz.
Para la obtención del préstamo subvencionado Gowex acreditó la solvencia presentando un informe de calificación favorable basado en unos datos que no se correspondían con la entidad, de acuerdo con el mismo escrito, el cual recoge además que las entidades confiaron en este grupo compuesto por una maraña de sociedades, en su mayoría carentes de actividad y con sede en Luxemburgo, para formalizar los créditos. De hecho, la deuda pendiente asciende a 8,2 millones de euros en el caso del Banco Santander; 3,8 en el caso de Bankinter; 7 millones en Banca March, 2 en el caso de Deutsche Bank y 1,1 pendientes de cobro por parte de Caixabank.
Tres millones de euros en dividendos
Después de que el magistrado Santiago Pedraz procesara a Jenaro y otros 5 acusados más el pasado mes de agosto, la Fiscalía Anticorrupción concluye en su escrito que los hechos investigados los últimos cinco años en torno a este conglomerado de empresas del 'wifi gratis' son constitutivos de los delitos de falsedad en documento mercantil, fraude de inversores, fraude en los presupuestos, delito de uso de información relevante para la cotización y apropiación indebida. Respecto a este último tipo penal precisa que entre los años 2011 y 2013 los procesados, que formaban parte de la junta de accionistas de Let's Gowex acordaron un reparto de dividendos total de tres millones de euros.
El mismo se hizo sobre la base de las cuentas formuladas y "conscientes del perjuicio económico que se irrogaba" a la sociedad puesto que sabían que la solvencia que aparentaba el grupo no era tal. De hecho, el mismo escrito explica que su capitalización bursátil pasó de presentar 36 millones de euros en 2010 a superar los 1.400 millones apenas cuatro años después. Consiguieron 'inflar' su valor simulando la existencia de un flujo de operaciones comerciales que en realidad no existieron y que reflejaron en facturas ficticias.
De asistenta del hogar a administradora clave de la red
Aunque no figura en la lista de acusados por el Ministerio Público, el escrito destaca el papel que jugó en calidad de administradora, la empleada del hogar del propio Jenaro y de su mujer María Florencia Maté, ambos procesados en el procedimiento. Según su relato, la empleada accedió a ocupar cargos relevantes en más de una decena de sociedades adquiridas a Ramón Cerdá Sanjuán después de que el expresidente de Gowex le expresara "la necesidad de su colaboración provisional y la bondad del negocio". Igualmente, el principal acusado también recurrió a dos familiares suyos para que administraran otras mercantiles que figuran en el procedimiento.
Cabe destacar que el Ministerio Público incluye en su lista de seis acusados a la matriz Let's Gowex y a Gowex Wireless y recoge como responsables civiles subsidiarias a un total de 41 sociedades. Además pide imponer multas que en el caso de Jenaro y su mujer alcanzan los 10,2 millones de euros si bien aplica la atenuante de confesión en tanto reconocieron en un escrito al juzgado a cuyo frente está el magistrado Santiago Pedraz que las cuentas de la salida a bolsa de la entidad no se correspondían con la realidad. También aplicaron la atenuante de reparación de daño puesto que consignaron en la Audiencia Nacional más de cuatro millones de euros de una cuenta de Luxemburgo destinados a reparar el daño de los hechos investigados.
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