Un día después de que la Audiencia Nacional avanzara que en octubre arrancarán los interrogatorios a los acusados por la debacle del Banco Popular, el magistrado José Luis Calama ha fijado las fechas concretas de las cuatro primeras declaraciones. De este modo estima que el primero de los acusados en ser preguntado por estos hechos sea el último presidente que tuvo la entidad, Emilio Saracho, a quien cita para los días 2 y 3 de octubre. Tras él declarará su antecesor al frente del banco, Ángel Ron, los días 8 y 9 de ese mes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 recoge en su providencia que los siguientes en declarar serán el exconsejero delegado Francisco Gómez Martín, citado para el 15 y 16 de octubre, y el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera, que declarará los días 30 y 31 de ese mes. El instructor señala para cada uno de los acusados dos días de declaración y solo fija una por semana dejando margen de espacio de esta forma entre los interrogatorios de los principales acusados que tendrán lugar cuando se cumplan dos años del arranque de esta investigación en la Audiencia Nacional.
Estas son las primeras citaciones de los acusados en el procedimiento penal por los hechos relativos a la ampliación de capital del año 2016 y los que se sucedieron en la entidad hasta su resolución por la Junta Única de Resolución (JUR) en junio de 2017. De hecho, el primer instructor de la causa, Fernando Andreu, abrió una pieza separada para investigar la presunta difusión de información falsa que se produjo desde dentro del Banco Popular y que propició una caída en picado del valor de la acción.
El anuncio de las citaciones coincide con los recursos que estas últimas semanas están presentando las acusaciones ante la decisión del magistrado instructor de reducir el número de las mismas en un total de diez. Calama acordó el pasado reducir a un total de 10 las 103 acusaciones del procedimiento de cara a que este no se torne ingobernable priorizando las asociaciones que presentaron las primeras querellas que dieron origen a esta causa así como a los grandes fondos que han perdido con la debacle del banco más de un millón de euros.
En concreto, el instructor antepuso en primer lugar a los fondos Pimco, Algebris, Anchorage Capital y Cairn Capital por la importante inversión en bonos del Banco Popular y por los "miles" de perjudicados que representan. También priorizó a la Mutualidad General de la Abogacía, habida cuenta que suma más de 200.000 mutualistas y a otras asociaciones que también incluyen un gran número de perjudicados por la debacle de la entidad, como son Adicae y Aemec. Igualmente mantendrá la representación individual de Aeris Invest SL (Grupo Luksic), cuya inversión en el Popular supera los 100 millones de euros.
Con todo, las citaciones también coinciden con la decisión del Banco de España de suspender los expedientes sancionadores abiertos contra la excúpula del Popular por la debacle del banco que los peritos del supervisor achacaron en su informe a una fuga de 16.000 millones de euros de depósitos en apenas tres meses de tiempo. El Banco de España adopta de esta forma el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y decide dejar en el aire la apertura de este procedimiento administrativo que retomará una vez finalice la causa de la Audiencia Nacional.
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