Dos años después del arranque de la investigación penal por la quiebra del Banco Popular, el magistrado al frente de la misma, José Luis Calama Teixeira, ha comunicado en una providencia que interrogará a los expresidentes de la entidad Ángel Ron, Emilio Saracho y el resto de investigados a partir del mes de octubre. Aunque todavía no ha fijado fechas concretas para estos señalamientos, el juez anuncia que será este otoño cuando empezará a tomar declaración a todos ellos y deja patente su intención de que esta ronda finalice antes de que acabe el año.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 accede de esta manera a la petición formulada por las defensas de algunos de los acusados que postergara los interrogatorios teniendo en cuenta que les coinciden con otro macrojuicio que sigue la Audiencia Nacional; el relativo a la salida a bolsa de Bankia. Por ese motivo, ha anunciado que comenzará a interrogarles a partir de octubre y que será más adelante cuando dé a conocer las fechas concretas de sus intervenciones así como de las periciales del Banco de España.
El magistrado busca impulsar de esta forma el procedimiento que arrancó en la Audiencia Nacional en octubre de 2017 contra los antiguos gestores del Popular por irregularidades en la ampliación de capital de mayo de 2016 -asunto que se investiga en la pieza principal- así como por manipulación de mercado, a tenor de la difusión de noticias presuntamente falsas que hicieron caer el valor de la acción de la entidad. Igualmente adopta esta decisión tras incorporar a la causa el peritaje encargado al Banco de España por el anterior instructor, Fernando Andreu.
Los inspectores del supervisor expusieron en su trabajo incorporado a la causa el pasado mes de abril que aunque la entidad era solvente, fue "demasiado optimista" en lo que respecta a las estimaciones incluidas en el folleto de la ampliación de capital. Con todo, determinaron que lo que llevó a la resolución del banco por parte de la JUR fue la "intensa fuga" de depósitos que se produjo entre abril y junio de 2017 y que alcanzó cerca de los 16.000 millones de euros.
Las conclusiones de los expertos sobre los hechos que se investigan en la vía penal son concluyentes para el devenir de la causa y en las mismas se apoyará el magistrado instructor de cara a los interrogatorios que tendrán lugar esta última parte del año contra los acusados por delitos de administración desleal, falsedad societaria, documental, contra el mercado y apropiación indebida. Por ese motivo también se les preguntará por el cambio de la cúpula en la entidad en plena crisis -que de acuerdo con los expertos se produjo de manera "no muy ordenada" y sin un plan de negocio claro- y por las posibles alternativas que se pudieron plasmar frente a la resolución que finalmente se produjo.
El magistrado hace pública su intención de arrancar con las declaraciones en octubre después de que el Banco de España haya comunicado al juzgado que suspende temporalmente el expediente sancionador abierto contra la cúpula en aras de no entorpecer la causa penal, teniendo en cuenta que tanto en un proceso como en otro se investigan los mismos hechos. El supervisor aceptó de esta forma la tesis formulada por la Fiscalía Anticorrupción que sugirió que este expediente se congelara hasta el término de este procedimiento.
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