Satisfacción en Perú por la admisión de un caso de violación sexual en CIDH

Lima, 1 ago.- La admisión del caso de una presunta violación sexual durante el conflicto interno que vivió Perú por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una situación emblemática, dijo hoy a Efe la abogada Dania Coz de la asociación civil Comisedh encargada del caso.

"Estamos muy felices porque es un caso emblemático. La Comisión de la Verdad reportó miles de violaciones sexuales en la época de violencia que sufrió el Perú, la mayoría de ellas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. En ninguno de los casos ha habido acceso a la Justicia para las víctimas", afirmó Coz.

Para la abogada, es "la primera vez que a nivel internacional" se podrá conseguir una reparación para una víctima de violación sexual durante el conflicto interno que ocurrió entre 1980 y 2000, como lo fue Georgina Gamboa, presuntamente ultrajada en la sureña región de Ayacucho por siete policías.

En su último periodo de sesiones, la CIDH admitió la petición que interpuso Comisedh contra el Estado peruano en septiembre de 2007 para esclarecer el caso de Gamboa.

"Lo que queremos es que se reconozca que se han violado los derechos de Georgina Gamboa. Cuando se llevó el proceso a nivel interno se reconoció a nivel penal que sí hubo violación sexual, pero no se determinaba quienes eran los responsables. El Estado no tuvo la voluntad de investigar a los policías", denunció.

Comisedh indicó que en diciembre de 1980, tras la muerte de un hacendado a manos del grupo armado Sendero Luminoso en la localidad de Vilcashuamán, en Ayacucho, la Policía realizó detenciones para buscar a los culpables.

Gamboa fue detenida en dos oportunidades y en la última fue llevada al puesto policial de Vilcashuamán, donde fue interrogada y posteriormente maniatada y violada por siete agentes.

Según Coz, durante mucho tiempo reinó en el país la cultura del secretismo sobre la identidad de las personas que conformaban los destacamentos policiales y militares.

"Lamentablemente Georgina no ha llegado a identificar a los culpables. Producto de la violación tuvo una hija. Hasta estos momentos no se sabe quien es su padre", remarcó.

Coz dijo que la admisión de este caso es solo la parte preliminar del proceso y que tiene un plazo de cuatro meses para presentar un informe sobre lo sucedido.

Entre 1980 y 2000, Perú vivió una lucha interna que, según datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dejó 69.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, responsabilidad de los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, así como de las fuerzas militares y policiales.