Secretaria de UGT-A pide respeto a la presunción de inocencia de predecesores

  • La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha pedido hoy respeto a la Justicia y a la presunción de inocencia ante la imputación de sus predecesores, Manuel Pastrana y Francisco Fernández, por un presunto caso de financiación ilegal del sindicato a través de los fondos de formación.

Sevilla, 23 oct.- La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha pedido hoy respeto a la Justicia y a la presunción de inocencia ante la imputación de sus predecesores, Manuel Pastrana y Francisco Fernández, por un presunto caso de financiación ilegal del sindicato a través de los fondos de formación.

"La Unión General de Trabajadores ha hecho algo que otros no hicieron y es un relevo en la dirección del sindicato porque había posibilidades de que esto ocurriera", ha asegurado Castilla en un comunicado en relación a las dos últimas imputaciones.

Ha destacado que su sindicato cree en la presunción de inocencia, algo que UGT lleva pidiendo "desde que hace dos semanas salió el escrito de la Fiscalía" en la que se pedía la imputación de los dos exdirigentes, y ha añadido que lo que hay que tener es "respeto para la justicia y cuanto antes actúe mejor porque se podrá poner todo blanco sobre negro".

"La imputación es una garantía procesal. Su señoría quiere tener más información de primera mano de las personas que estaban en aquella época, está bien, es lo que tiene que hacer, pero respetemos la presunción de inocencia", ha insistido la dirigente sindical.

Ha recordado que tanto Pastrana como Fernández Sevilla siguen siendo afiliados al sindicato y ha agregado que no va a ir de "justiciera por la vida".

"Tenemos una comisión de garantías confederal que es la que decide esos temas. Y defiendo la creencia en la presunción de inocencia de todo el mundo, venga de la organización que venga o sea de derechas o de izquierdas. Ya me gustaría a mí que muchos opinaran así, que da igual el color político para creer en la presunción de inocencia, que es un precepto constitucional", ha apuntado Castilla.

No obstante, ha aclarado que "si hay alguien que lo haya hecho mal, lo tendrá que pagar ante la justicia y el sindicato tomará sus medidas".

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