Parece inevitable que Shakira reconozca el fraude fiscal y pague 27 millones de euros para que la cantante evite la cárcel. Así lo manifiestan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que auguran un acuerdo entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado y los asesores de la artista colombiana, que decidió adelantar su cita con la Justicia y ha declarado esta mañana en el marco de la investigación que le abrieron por fraude fiscal. Sería entonces condenada a 24 meses y evitaría entrar en prisión -si no comete cualquier otro delito en ese período- al sustituir dos de las penas del Impuesto sobre el Patrimonio 2013 y 2014 por multas, y además se rebajarían las sanciones en casi 20 millones de euros, hasta los 27 millones.
Gestha se ha mostrado muy crítica con las ventajas de estos acuerdos, por lo que pedirá a la Secretaría de Estado de Hacienda que dé instrucciones precisas a la Abogacía del Estado para que la oferta de negociación con la rebaja de dos grados de las penas de prisión en el entorno de los 24 meses incluya el esclarecimiento total de los hechos y de la participación de los colaboradores en la evasión tributaria y se fijen unas multas que no sean más bajas que en el proceso administrativo, además del pago de las cuotas defraudadas denunciadas.
Los Técnicos de Hacienda consideran que la reducción máxima de las multas no debería superar los 20 millones de euros para moverse al menos en el importe de lo que serían las sanciones mínimas del 65,6% por las infracciones tributarias muy graves y del 39,4% por la infracción tributaria grave del IP 3013, ya descontadas las reducciones en caso de conformidad (-30%) y pago (-25% de la sanción reducida por conformidad).
Gestha señala que los asesores de la cantante alcanzaron tres acuerdos en 2008, 2012 y 2013 con las autoridades fiscales de Luxemburgo, conocidos como Tax Ruling, que produjeron una tributación fiscal del 2% de la renta bruta generada y permitieron que el 94% de las rentas fueran transferidas a sociedades o cuentas situadas en paraísos fiscales. La Fiscalía reconoce que desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional (PriceWaterhouseCoopers) en el mantenimiento o reestructuración de este entramado societario en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Por ello, los técnicos solicitan que el acuerdo que pueda alcanzarse entre la Fiscalía del Estado y Shakira contemple expresamente las posibles responsabilidades penales de los asesores legales y fiscales que urdieron la trama evasora de la artista y que, por tanto, podrían considerarse, en su caso, como cooperadores necesarios en la comisión de los delitos fiscales.
Reformulación de los delitos contra la Hacienda Pública
Finalmente, Gestha propondrá al nuevo Gobierno modificar la ley general tributaria para ampliar el plazo de prescripción administrativa desde los actuales 4 años hasta los 10 años para equipararla a la prescripción de los delitos fiscales agravados, de forma que la AEAT pueda perseguir las evasiones más sofisticadas y complejas.
Igualmente, propondrá una modificación del Código Penal para unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados, sustituir la rebaja de grados por atenuantes para reconocer la comisión de los delitos y el pago de la multa en el plazo actual de dos meses desde la notificación de la investigación judicial, así como concretar los requisitos para la exigencia de la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “las ventajas de los presuntos delincuentes fiscales en el proceso judicial es una de las causas del desplome de casi el 78% de las denuncias de delito fiscal por la AEAT y del 64% de las cuotas defraudadas desde 2011, aunque deben despejarse otros obstáculos, como la falta de atribución de competencias a los técnicos de Hacienda y unos objetivos poco ambiciosos de lucha contra el fraude”.
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