Siete magistrados del Supremo juzgarán a Garzón por las escuchas de Gürtel

Madrid, 28 oct.- Siete magistrados del Supremo formarán el tribunal que el próximo 29 de noviembre juzgará a Baltasar Garzón por ordenar la escuchas telefónicas entre los imputados del caso Gürtel en prisión y sus abogados, según consta en el auto en el que la Sala de lo Penal fija la fecha de inicio de la vista oral.

A los cinco jueces que hasta ahora componían el tribunal -Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano y José Manuel Maza- se unen ahora Joaquín Giménez y Manuel Marchena "para formar una sala sentenciadora de siete magistrados".

Siete son también los magistrados que componen la nueva sala que tendrá que juzgar a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, después de que fueran apartados cinco magistrados al ser admitida la recusación planteada contra ellos por el juez de la Audiencia Nacional.

Dos de los recusados por Garzón que fueron apartados por haber dictado resoluciones en esa causa antes del juicio son el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo Juan Saavedra y Joaquín Giménez, quienes sí estarán en el tribunal que le juzgará el próximo 29 de noviembre por las escuchas de Gürtel.

En el auto notificado hoy, el Tribunal Supremo vuelve a denegar además a Garzón una serie de pruebas en el juicio, como la toma de declaración al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, y a Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en esa causa y autor de la querella contra el juez por ordenar las escuchas.

También le rechaza de nuevo su petición de que testifiquen los funcionarios policiales y jefes de la investigación relacionada con la interceptación de las comunicaciones.

A Ignacio Peláez, también le deniega el testimonio en el juicio de las dos fiscales anticorrupción encargadas del caso Gürtel, Miriam Segura y Concha Sabadell, así como el de Pedreira y el del instructor de la causa abierta al ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Flors.

Según el auto, las fiscales "intervinieron en las citadas causas judiciales, en el cumplimiento de sus funciones" y su actividad consta en las actuaciones, por lo que no considera procedente llamarlas a declarar "para que aporten su opinión personal sobre los hechos objeto de enjuiciamiento".

En cuanto a los jueces, cuyo interrogatorio se reclamaba, el Supremo recuerda que éstos "no pueden prestar declaración testifical sobre las actuaciones realizadas o el contenido de las causas en las que hayan intervenido, salvo que su llamamiento se deba a causas ajenas a su intervención como autoridad judicial".

La causa por las escuchas de Gürtel fue abierta a raíz de la querella presentada contra Garzón por Peláez, que solicita diez años de inhabilitación para él, mientras que la representación del considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, pide una condena de diecisiete años de inhabilitación.

Por su parte, la Fiscalía reclama la absolución de Garzón, al considerar que no cometió los delitos de prevaricación judicial y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales que se le imputan.

Además del juicio por las escuchas de Gürtel, Garzón tiene pendiente la causa por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y aún está en fase de instrucción la relativa al dinero que recibió para organizar cursos durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.