Síndico general argentino miente en su CV, según diputados opositores

  • El síndico general de Argentina, Daniel Reposo, mintió en el currículum que presentó al Senado para tramitar la aprobación parlamentaria de su designación como jefe de la Fiscalía, aseguraron diputados opositores al vencer hoy el plazo para impugnar el proceso.

Buenos Aires, 10 may.- El síndico general de Argentina, Daniel Reposo, mintió en el currículum que presentó al Senado para tramitar la aprobación parlamentaria de su designación como jefe de la Fiscalía, aseguraron diputados opositores al vencer hoy el plazo para impugnar el proceso.

Reposo declaró haber compartido una disertación sobre derechos humanos con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, donde funcionó la mayor cárcel clandestina de la dictadura militar argentina (1976-1983), dato que fue desmentido por el organismo internacional, afirmaron los opositores.

El diputado y exfiscal Manuel Garrido, de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, principal fuerza de la oposición, y su colega Graciela Ocaña señalaron que la ONU les ha dicho que Ban Ki-moon fue único orador sobre derechos humanos en un acto que se llevó a cabo en la Cancillería argentina con ocasión de su visita, a fines del año pasado.

Garrido y Ocaña sostienen que Reposo también ha falseado datos en las páginas de su currículum en las que vuelca su participación en conferencias internacionales.

Los legisladores hicieron esa denuncia en el marco de la etapa de impugnaciones y apoyos en el proceso para la designación del nuevo jefe de los fiscales, que necesita el visto bueno de dos tercios de los miembros del Senado.

Pero portavoces de Reposo dijeron que hubo un error de escritura en la confección del currículum que el síndico general envió al Senado para ser designado procurador general (jefe de los fiscales) en reemplazo de Esteban Righi, quien renunció a raíz de una denuncia del vicepresidente argentino, Amado Boudou.

Righi, cuya familia tiene un estudio jurídico, fue involucrado por Boudou en un caso de presunta venta de influencias en momentos en que la Justicia investiga denuncias que afirman que el vicepresidente intercedió para evitar la quiebra de una imprenta actualmente contratista del Gobierno.

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