Martes, 10.12.2019 - 20:52 h
16 recursos presentados

El Supremo revisa la condena a CDC a pagar 6,6 millones por saqueo del Palau

La resolución consideró probado que el Palau sirvió para "enmascarar" el pago de comisiones de hasta el 4 % de la constructora Ferrovial.

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El Supremo revisa la condena a CDC a pagar 6,6 millones por saqueo del Palau.

El Tribunal Supremo revisa este martes la sentencia que acreditó el expolio millonario al Palau de la Música y condenó a CDC a devolver los 6,6 millones de euros en comisiones ilegales cobradas a través de la institución, y a su extesorero Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de cárcel.

Cinco magistrados se reúnen esta mañana a puerta cerrada para debatir sobre los 16 recursos presentados a la sentencia de la Audiencia de Barcelona, si bien en principio no se espera que el alto tribunal dé a conocer este martes el fallo.

La resolución consideró probado que el Palau sirvió para "enmascarar" el pago de comisiones de hasta el 4 % de la constructora Ferrovial, a cambio de que "altos responsables" de Convergència Democràtica de Catalunya no identificados le aseguraran un "flujo constante" de adjudicación de obras públicas en su favor. La Audiencia ordenó el decomiso de los 6,6 millones cobrados por CDC, si bien decidió esperar a la sentencia del Supremo para decidir si es el PDeCat (sucesor de la extinta CDC) quien debe pagarlos.

Además de Osàcar y CDC, recurrieron los saqueadores confesos, Fèlix Millet, condenado a 9 años y ocho meses; y su mano derecha, Jordi Montull, a 7 años y medio de prisión. La Audiencia envío a ambos a prisión por riesgo de fuga, si bien luego les excarceló tras el pago de sendas fianzas a la espera de lo que diga el Supremo.

Los magistrados también deberán revisar el recurso de la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, hija de Jordi, (4 años y medio); y los de Laia Millet y Marta Vallès, hija y esposa de Millet, condenadas como responsables civiles a título lucrativo del desfalco, así como las empresas vinculadas a las esposas de los exresponsables del Palau a través de las que se perpetró el expolio.

Entre los absueltos figuraron los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, un aspecto que ha recurrido la Fiscalía al considerar que los delitos no han prescrito.

Diez años duró -desde 1999 a 2009-, según la sentencia de la Audiencia, el "acuerdo criminal" para el pago de comisiones de Ferrovial a CDC; sus extesoreros Carles Torrent, fallecido en 2005, y Daniel Osàcar se convirtieron en la "clave de bóveda" que permitía "el entramado" de cobro de mordidas "a cambio de obra pública", entre ellas la construcción de la Ciutat de la Justícia o la línea 9 del metro.

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