El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha solicitado al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que comunique el coste total destinado al plan ‘España 2050’ en el plazo de 10 días. Lo ha hecho a través de la resolución 98/2022 como respuesta a una reclamación presentada por un ciudadano, en la que denunciaba que ocho meses después de que el CTBG determinara que esa información debía ser de conocimiento público, esta no había sido recabada ni compartida por el Ejecutivo. La actividad de la cuenta de Twitter de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, el organismo encargado de desarrollarlo, se limita a cinco ‘retweets’ en los últimos meses, mientras su última publicación propia se remonta a diciembre de 2021, unos meses después de que Iván Redondo saliese de la Moncloa.
‘España 2050’ fue presentado en mayo de 2021 por el propio Pedro Sánchez en el Museo Reina Sofía, un documento desarrollado por la Oficina de Prospectiva, con el entonces jefe del Gabinete de la Presidencia a la cabeza. El proyecto aspiraba a ser la hoja de ruta para las próximas tres décadas, con el objetivo de lograr metas como equiparar el bienestar del país con el de otras economías europeas, conseguir un sistema educativo de vanguardia o apostar de manera contundente por la inversión en I+D+I. Muchos de estos ya estaban incluidos en otros documentos desarrollados por el Ejecutivo como la Agenda por el Cambio o el Plan de Recuperación desarrollado para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, en esta ocasión se presumía de que un centenar de expertos habían contribuido a su diseño, lo que le otorgaba un cariz “plural y apartidista”.
Aunque la propuesta inicial iba mucho más allá de una simple guía o carta de intenciones por parte del Gobierno de Sánchez, ya que pretendía poner en marcha un diálogo social recorriendo España a pie de calle. Se llegaron a organizar un total de 17 ‘Diálogos para el futuro’, pero el 13 de diciembre se le pone fin a este ‘tour’ en Madrid. Solo un día después cesaba su actividad en redes sociales, solo interrumpida por algún RT esporádico. Ahora Transparencia quiere saber cuánto costó todo aquello: documentación y actos de promoción; una información que solicita desglosada por categorías (diseño de la publicidad, materiales, envíos de invitaciones, comida, traslados).
Además, el documento ‘saca los colores’ al Gobierno puesto que destaca que el Ministerio no respondió a la solicitud del ciudadano, lo que fue desestimada por silencio. Pero la cartera encabezada por Félix Bolaños tampoco le comunicó a Transparencia los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información, lo que consideran que compromete el trabajo del Organismo, porque tampoco presentaron alegaciones en el periodo destinado a tal efecto. El CTBG recrimina al Ejecutivo que su falta de respuesta no puede poner en juego el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de acceso a la información pública, por lo que le insta a dar respuesta al ciudadano en un plazo de 10 días y enviar una copia a Transparencia.
La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia ha desaparecido en el último organigrama del Ministerio de Presidencia publicado en el mes de julio 2022, en el que también se aprecia un cambio importante respecto al de entonces, el gabinete de la presidencia lo ocupa ahora Óscar López Águeda. A expensas de conocer el dato oficial, el diario El Mundo publicó que el presupuesto destinado al lanzamiento del plan ‘España 2050’ fue de 105.298 euros, un coste que deja fuera el dinero asociado a los 17 actos por todo el territorio español que tuvieron lugar los meses posteriores. En ellos participaron 550 ponentes. Además, el director a cargo, Diego Rubio Rodríguez percibió un sueldo inicial de 86.201,65 euros, que fue elevado en 2021 hasta los 96.292,86 euros, según recoge Vozpopuli, lo que supera el salario percibido por el propio Pedro Sánchez (unos 86.000 euros).
La página introductoria de la web de la Oficina continúa rezando: “El enemigo a abatir: el cortoplacismo”, un enemigo que a todas luces la ha engullido. Este título precede a un texto que constituye un alegato contra el fenómeno por el que lo urgente “eclipsa lo importante” y “la táctica se impone a la estrategia”, lo que su director tachaba de miopía social. “Los costes de esta miopía son muy elevados: decisiones que resultan contraproducentes por falta de previsión, oportunidades desaprovechadas, leyes que se quedan rápidamente obsoletas y problemas que se abordan demasiado tarde”, prosigue. Toda una declaración de intenciones que ha envejecido mal, cuando la Oficina se ha visto reducida a la mínima expresión por la vorágine política frente a la que pretendía abrirse camino.
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