Aunque su interés por desmarcarse del Gobierno de Carles Puigdemont ha quedado patente desde el mismo momento en que ha arrancado su testifical en el Tribunal Supremo, no ha sido hasta pasadas las cinco horas de declaración cuando ha ratificado su total desvinculación con los líderes independentistas que se sientan en el banquillo de los acusados al confesar que se puso a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesus María Barrientos, por si se debía proceder a la detención de Puigdemont y el resto de miembros del Govern por la deriva independentista.
De esta manera Trapero se ha desvinculado de cualquier plan secesionista del anterior gobierno catalán y ha precisado que el mismo día que se aprobó en el Parlament la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) se puso en contacto con Fiscalía y el juez porque, aunque desconocían la trascendencia jurídica de esta decisión, entendieron que "era una cosa de cierta gravedad". "Le dije que nos poníamos a disposición del órgano judicial por si ordenaban algún tipo de acción en este sentido. Acciones que teníamos previstas dos días antes", ha confesado.
Trapero ha aprovechado de esta forma su intensa declaración como testigo en el juicio que sigue el Tribunal Supremo por el denominado 'procés' para dejar patente este extremo y mandar además el mensaje de que advirtieron al Govern de que la celebración del referéndum ilegal del 1-O podría provocar altercados y que la intención de los Mossos para esa jornada era la de evitar por todos los medios recurrir al uso de la fuerza.
"No es que a los Mossos no se les facultara para el uso de la fuerza pero se ponía un uso limitado a unas situaciones", ha explicado Trapero quien ha insistido en que el sentir era el de ser "especialmente cuidadosos". Como ya hiciera en su intervención por la mañana, ha vuelto a arremeter contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a quien se le encargó la coordinación del dispositivo a tres bandas entre Mossos, Guardia Civil y Policía. Al respecto ha dicho que De los Cobos le trasladó que la propuesta de evitar la violencia no podía ser "excusa" para facilitar la votación.
Se trata de un asunto crucial en el procedimiento teniendo en cuenta que una de las claves del mismo reside en dirimir si los líderes independentistas se apoyaron en la violencia para conseguir su objetivo final de desconexión de España; sin olvidar que el propio Trapero se enfrenta a una pena de prisión de 11 años de cárcel por delito de rebelión en el marco de la causa que se sigue por estos mismos hechos en la Audiencia Nacional contra su persona además de la excúpula de la Policía catalana -Pere Soler y César Puig- y la intendente Teresa Laplana.
El mayor ha explicado que para la celebración del referéndum ilegal "se esperaba resistencia pasiva" y que en las reuniones de planificación de finales de septiembre trasladó a los participantes de las mismas -entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras- que temían que en determinados barrios de la ciudad condal fueran más allá de la referida resistencia pasiva. Al hilo ha explicado ante el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena que su "sentido común" le llevaba a pensar que esa situación podría derivar en problemas de órdenes públicos aunque ha vuelto a insistir que la responsabilidad del dispositivo era, en cualquier caso, compartida con Guardia Civil y Policía Nacional.
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