El tribunal ha absuelto a Cristina Cifuentes por el caso Máster. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que afrontaba una petición de cárcel de tres años y tres meses de prisión, ha sido absuelta del delito de falsedad documental al no quedar probado que diera órdenes expresas de que se falsificara el acta de su trabajo de final de máster. Se trata de una victoria para la exmandataria regional, que siempre ha negado que presionara a los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos para que manipularan este documento con el fin de acreditar que había cursado el Máster de Derecho Público del Estado Autonómico entre los años 2011 y 2012.
Así consta en la sentencia en la que el tribunal condena a María Teresa Feito (antigua asesora de Cifuentes) a tres años de prisión como autora responsable de un delito de falsedad de documento oficial y también a la profesora que admitió que falsificó el acta, Cecilia Rosado. La docente de la Universidad Rey Juan Carlos y directora del máster ha sido penada con un año y seis meses de cárcel también por el mismo delito. El tribunal le aplica la atenuante de confesión -ya que en sede judicial dijo que lo hizo por miedo a perder su trabajo- y también la atenuante por su colaboración con la Justicia. El fallo concluye que el curso en el que se desarrolló este master estuvo "plagado de irregularidades" y que ha quedado probado que en el año 2014 se modificó la calificación en relación a Cifuentes.
Por ese motivo, y aunque le absuelvan de cualquier delito, los magistrados destacan que incluso aunque hubiera defendido en julio de 2012 su trabajo final de máster como ella misma sostiene, el extremo hubiera sido "inexplicable" puesto que en ese momento figuraba como no presentada en la asignatura que impartió el catedrático y profesor Pablo Chico. También apuntan a la reunión que tuvo lugar tras conocerse la exclusiva publicada por el diario.es por el rector de la Universidad Álvaro Conde (también acusado pero fallecido en 2019) y los otros implicados en el asunto. De este modo admiten que Feito presionó de manera directa a la profesora Rosado para que se creara el acta. Recuerda que solo en esa tarde se produjeron 15 llamadas para que dejara constancia de que la política sí cursó y aprobó los estudios.
"Sobre la participación de Cristina Cifuentes, de lo actuado no ha quedado probada ninguna intervención de la citada. Ni Cecilia Rosado ni María teresa Feito han señalado haber mantenido contacto alguno con la Sra. Cifuentes, tampoco con su oficina o su gabinete. Ninguno de los intervinientes en la reunión del rectorado ha hecho ninguna referencia a Cifuentes. Sin obviar el interés de ésta en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión. El hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió del rector, no es más que un indicio, no corroborado por otros", reza el fallo el cual añade que las "sospechas legítimas" que pudieran existir no se han convertido en prueba suficiente.
Con todo, los magistrados insisten en las 19 páginas de su fallo que ese curso estuvo plagado de irregularidades empezando por las "deficiencias de las actas" ya que, algunos alumnos, confesaron que presentaron su TFM aunque no lo defendieron en acto público pese a que era obligatorio. "Especialmente llamativo" es el caso de otro alumno que se matriculó, no realizó ninguna actividad académica ni tampoco tuvo trato con nadie del curso y, aún así, obtuvo el título. En lo que respecta a Cifuentes concluyen que, todo este procedimiento penal ha puesto de manifiesto "un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de posgrado".
La vista arrancó el pasado día 18 de enero y se alargó durante cinco sesiones en la última de las cuáles la fiscal Pilar Santos mantuvo que si se le facilitó el título del máster por parte de la Universidad fue por las "exigencias" de Presidencia y por salvar su reputación, teniendo en cuenta que cuando saltó el escándalo, en marzo de 2018, todavía era presidenta de la Comunidad de Madrid. La fiscal concluyó que Cifuentes no se manchó las manos pero que le "urgía imperiosamente" que se le proporcionara una solución. "Si toda la maquinaria se puso en marcha fue precisamente por esas presiones", sentenció la fiscal en último día del juicio.
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