En marzo de 2018 saltaba la bomba: Cristina Cifuentes obtuvo el título de su máster sin terminarlo y con las notas falsificadas. La noticia provocó un auténtico terremoto en la esfera política madrileña desde donde todos los partidos de la oposición instaron a su dimisión. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid se negó a abandonar el cargo e incluso se grabó en vídeos desafiando a aquellos que le apremiaban a irse. Aunque su marcha de Presidencia se produjo apenas un mes después de aquello y por otro asunto diferente, el declive había comenzado mucho antes y no terminará hasta que el tribunal emita su veredicto por unos hechos que este mismo viernes terminó de enjuiciar y dejó vistos para sentencia.
Ni su declaración en sede judicial ni la de su defensa, que mantiene que no tuvo nada que ver en la supuesta falsificación del acta, han convencido al Ministerio Público. Tras cinco sesiones de vista oral, la fiscal Pilar Santos mantiene intacto su relato. De hecho, endureció el tono en su exposición final apuntando que si la Universidad Rey Juan Carlos I le facilitó el título falsificado fue precisamente por las "exigencias" de Presidencia y por salvar su reputación. "La señora Cifuentes por su cargo no se manchó la manos pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionase una solución. Y si toda la maquinaria se puso en marcha fue precisamente por esas presiones", sentenció.
Así pues, una vez superada la pena de banquillo, la también exdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid se enfrenta a la prueba definitiva: el veredicto del tribunal que estudia ya la petición de tres años y tres meses de cárcel por un delito de falsedad documental. Cifuentes, por su parte, ha mantenido en todo momento que lejos de presionar a la universidad pública, lo único que hizo fue solicitar el documento que acreditaría que cursó el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico entre los años 2011 y 2012. Aunque en esta última sesión no hizo uso del turno último de palabra que brinda el tribunal a los acusados, su defensa apuntaló la tesis de que esto se cocinó dentro de la universidad y no desde el gabinete de Presidencia del Gobierno regional.
Las pruebas en su contra
Cifuentes confió para este procedimiento en José Antonio Choclán. Aunque se trata de uno de los penalistas más prestigiosos del país, en esta ocasión la exmandataria regional no lo tiene nada fácil a tenor de las evidencias que contradicen su testimonio. Una de ellas sería la declaración que prestó Cecilia Rosado, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. La docente, que también se sienta en el banquillo de los acusados por haber falsificado el acta, relató durante su interrogatorio que recibió presiones, como sostiene Fiscalía. Rosado, que se enfrenta a un año y nueve meses de prisión por estos hechos, se escudó en el que fuera director del máster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, y dijo que se le presionó y amenazó para dar solución al asunto. El presunto urdidor de este caso también figuraba entre los acusados pero su causa se extinguió tras su fallecimiento en abril de 2019.
Otro de los testimonios que ponen en jaque a Cifuentes es el de varios testigos que apuntaron de manera directa a su entonces asesora, María Teresa Feito. Según ha trascendido en el juicio, la amiga de Cifuentes también habría presionado para que apareciera el acta de este máster que la exmandataria regional consiguió sin acudir a clase. La Fiscalía incluso la pone en el "epicentro" de todas las gestiones posteriores al estallido de la noticia para dejar constancia de que cursó el TFM y de que lo defendió el 2 de julio de 2012. Se trata de una versión que, según la Fiscalía, no se sostiene.
La otra pesadilla de Cifuentes
Así pues, Cifuentes aguarda ya el fallo del tribunal con la vista puesta en otro frente judicial: el caso Púnica. En este caso, el magistrado al frente del procedimiento le imputó junto con Esperanza Aguirre y otros exaltos cargos regionales por supuestas irregularidades en la Asamblea de Madrid. En este asunto concreto las evidencias contra la exdelegada del Gobierno no son tan patentes. La Fiscalía Anticorrupción pidió que se le imputara por la adjudicación al Grupo Cantoblanco, perteneciente al expresidente de la CEIM Arturo Fernández, del servicio de la cafetería de la Asamblea regional en el año 2009. El magistrado Manuel García Castellón accedió a la pretensión al considerar que "valoró de forma arbitraria" las ofertas desde la Mesa de Contratación, la cual habría integrado sin tener compatibilidad para ello.
En octubre de 2019 compareció ante el juez y negó todas las acusaciones: ni caja 'B', ni comisiones del 1% ni licitación irregular. Según dijo, se siguieron criterios puramente técnicos para adjudicar este servicio al empresario, a quien también se le ha señalado como presunto donante de la formación popular. Igualmente el magistrado tomó declaración a nueve miembros de la Asamblea, a petición de la propia Cifuentes. Ninguno de ellos la implicó en hecho irregular alguno. Tampoco advirtieron presiones desde la también patrona de la Fundación Fundescam para informar a favor de las empresas de Fernández. Al contrario, explicaron que estudiaron todas las ofertas y que actuaron de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 para las concesiones.
