El temor a que se produzca una subida de precios generalizada a primeros del año que viene, avalada por los récords del recibo de la luz y la elevación de los costes industriales y de suministros básicos, mezclado con la persistencia de la Covid y sus nuevas variantes, se ha apoderado del consumo privado y de parte de la inversión en sectores básicos de la economía española y ha extendido un mantra negativo entre las instituciones y las empresas: la recuperación no llega y la economía no se levanta al ritmo que debiera. Esa percepción se ha dejado notar incluso entre los colaboradores directos de los ministerios económicos del Gobierno, que se muestran aliviados por la aprobación de los Presupuestos, pero saben que la procesión va por dentro y las previsiones no apuntan tan al alza como se preveía hace apenas seis meses meses.
La aparición de una mutación del virus en Sudáfrica y la nueva ola de contagios en Europa, con Alemania a la cabeza, ha terminado por desmoronar las bolsas y ha cerrado cualquier expectativa de una explosión del consumo en Navidades. La supuesta "demanda embalsada" de la que hablan los analistas a la vista de que la tasa de ahorro de los españoles está en máximos históricos del 18,9% de la renta disponible en el segundo semestre de este año no se ha materializado ante la incertidumbre en la que se ha sumido la economía. Las ventas de las grandes empresas, uno de los datos fundamentales que analiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que fue la causa de la drástica revisión a la baja de sus previsiones del PIB del segundo trimestre (del 2,8 al 1,1%), se mantienen con una caída del orden del 5% en lo que va de año, algo que se explica por el miedo a la subida de los precios en las economías más ajustadas de aquí a la próxima primavera, "en las que pagar 40 o 50 euros de luz más al mes a partir de ahora supone no salir a comer fuera un día", explica muy gráficamente un analista experto de Economía.
Si hacemos caso a los últimos indicadores publicados desde Economía, el consumo de cemento cae más de un 6%, la inversión en construcción está bajo mínimos y la venta de coches se deja un 37%, un sector que, junto al turismo, es fundamental para el crecimiento. La llegada de turistas extranjeros, que era la gran esperanza de este verano, no mejora en comparación con hace dos años (un 34% a la baja este octubre) y se ve ahora con la amenaza de una nueva paralización de los viajes por la cuarta ola en países emisores para España, como Reino Unido y Alemania. El director de coyuntura del 'think tank' oficialista Funcas, Raymond Torres, admite que, si bien la evolución de la economía en los tres primeros trimestres del año ha sido decepcionante, "tampoco se espera un gran resultado para el cuarto trimestre, ya que la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares, como consecuencia del aumento de la inflación y la escasez de suministros en la industria limitan la capacidad de crecimiento".
Desde la institución advierten de que el crecimiento del PIB en 2021 va a estar muy por debajo del 5,9% que se esperaba e incluso dos décimas menos que el 5% que se prevé para la eurozona. El propio Ministerio de Economía contempla estas previsiones de Funcas en su última nota semanal de coyuntura, que apuntan a un 6% de aumento del PIB en 2022, si los precios se moderan en primavera, cosa complicada si tenemos en cuenta el 5,4% de inflación y una subida interanual récord de los precios industriales del 32% en octubre, de forma que esa previsión puede caer, con facilidad, al 5,5%, casi un punto y medio por debajo de la que el Gobierno ha utilizado para hacer los Presupuestos, del 6,8%. "Ese desfase en las previsiones, que todo el mundo ha revisado a la baja menos nosotros, y la excesiva dependencia de las cuentas públicas de los fondos europeos, genera una incertidumbre que ha matado la recuperación", explica un analista cercano al Ministerio que dirige Nadia Calviño.
Gestión del Fondo UE bajo presión
El otro gran hándicap que mantiene en el aire la ansiada recuperación de la economía está en los nubarrones que se han levantado sobre la gestión de los fondos europeos, sobre todo a la vista de que apenas se han adjudicado 5.000 millones de los 27.000 previstos para 2021, a falta de un mes para que acabe el año. A todo lo que no se llegue en este ejercicio se añadirán los 26.900 millones más que tienen contemplados los Presupuestos para el año que viene, si es que se logra romper el cuello de botella que se ha generado a la hora de agilizar las concesiones. Las dudas sobre la capacidad de la Administración española para distribuir toda esa inversión han trascendido ya incluso en Bruselas, sobre todo por la complicación que supone pasar por el filtro de los Ministerios y las Comunidades Autónomas en un modelo garantista y lleno de filtros.
Uno de los problemas que ha surgido en el último medio año en la élite de los funcionarios del Estado implicados en este tipo de procesos de validación de las ayudas europeas es la excesiva politización que se ha instalado en cada caso y la amenaza de judicialización que supone plantar una firma en un expediente. El caso Plus Ultra en el reparto del Fondo SEPI ha marcado un antes y un después en la cúpula de los funcionarios del ámbito público y se ha extendido a la concesión de las ayudas de la UE. "Una firma te puede costar una acusación de prevaricación y una petición de seis años de cárcel, y a nadie que tenga su carrera en el sector público le apetece pasar por ahí", señala el responsable de una empresa pública que prefiere guardar el anonimato. La solución a ese problema es pasar todos los temas por validaciones externas, en grandes consultoras, para tener más "agarraderas" en caso de conflicto, pero esos procesos retrasan mucho la gestión del dinero público y bloquean el trabajo de la Administración.
Los sectores industriales implicados en el proceso de inversión que van a acarrear los fondos de la UE se ven, además, azotados ahora por una elevación de costes que no esperaban y que, además de estrechar sus márgenes, son el caldo de cultivo de protestas y conflictividad a la hora de negociar convenios o revisar precios. La elevada inflación ha sido el detonante de las protestas por el convenio del Metal de Cádiz, que se puede reproducir en ámbitos como el naval, la construcción o la automoción, tres ámbitos en los que, a pesar de la prevalencia de los convenios de empresa, tiene todavía un peso muy importante lo que se estipule a nivel sectorial con los sindicatos.
El transporte de mercancías, que ya ha demostrado en otras ocasiones que es capaz de paralizar un país con una huelga patronal, ha convocado ya varios días de parón en vísperas de la Navidad, ante la necesidad de revisar costes y precios por la subida de los carburantes. Y el colofón lo va a poner el campo: los agricultores ya han sacado sus tractores a la calle y están dispuestos a volver a hacerlo si no logran apoyo público frente a unos fertilizantes que se han duplicado y el incremento del gasóleo. El dinero de la UE que está previsto que sirva para revitalizar la industria española no solo no lleva buen camino en lo que su gestión se refiere, se va a enfrentar, además, a unos procesos productivos encarecidos y sin margen de convertir en beneficio el valor añadido que sean capaces de lograr.
