El gobierno endurece la ley de emisiones contaminantes industriales

El Consejo de Ministros aprobó hoy la remisión a las Cortes de un proyecto de ley que modifica la vigente Ley de 2002 de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
La nueva regulación tiene como objetivos la reducción de las emisiones de las actividades industriales en la atmósfera, el agua y el suelo y avanzar hacia una mayor simplificación administrativa, según informó en un comunicado el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
El departamento que dirige Miguel Arias Cañete asegura que pese a que la legislación es más exigente desde el punto de vista de la protección ambiental, introduce mecanismos que agilizarán las concesiones de autorizaciones a las empresas.
El nuevo texto, además de cumplir con la transposición parcial de la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales, revisa y modifica la legislación sobre control y prevención integrados de la contaminación, e impulsa una mayor simplificación administrativa.
La norma no solo mantiene los estándares de control sobre la contaminación, sino que exige que las instalaciones sean inspeccionadas, en tanto que agiliza la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y reduce notablemente
las cargas administrativas.
Todas las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) existentes deberán adecuarse antes del 7 de enero de 2014 a la nueva Directiva. Para ello, se establece en una disposición transitoria el procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual, el órgano ambiental competente comprobará, mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la autorización a las prescripciones de la nueva Directiva.
Por último, el proyecto introduce mejoras en la información y en la comunicación de datos entre las administraciones y los titulares de las instalaciones.
Antes de su remisión a las Cortes Generales, el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminaciónrecibió el informe favorable del Consejo de Estado. Asimismo, ha sido sometido a
participación pública, a la consulta de las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), integrado por organizaciones ecologistas, sindicatos y empresarios.