Tras la resolución de la CNMC

Indra, Elecnor… El riesgo de veto en la licitación pública pasa de largo en bolsa

La CNMC activa por primera vez el protocolo anticorrupción para inhabilitar a empresas sancionadas por prácticas corruptas o contra la competencia.

El presidente de la CNMC, Marín Quemada, cuestiona la ley balear del Clima.
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. / EFE

¿Se imaginan que Florentino Pérez (ACS), Fernando Abril-Martorell (Indra) o cualquiera de los contratistas habituales de la Administración ya no pudieran acceder a contratos públicos? Más o menos es lo que ha puesto sobre la mesa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha invocado por primera vez el protocolo anticorrupción para empresas sancionadas en futuras licitaciones públicas con las Administraciones del Estado. La autoridad de competencia ha sancionado con una multa de 118 millones de euros a un grupo de 15 empresas que falseó la competencia y formó un cártel en torno a la licitación de Adif, el gestor público del ferrocarril.

Por primera vez, la CNMC activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración por lo que remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa”, señala en su misiva el organismo que preside José María Marín Quemada. De este modo, se pone en marcha por primera vez uno de los artículos de la Ley de Contratos Públicos de 2017 que inhabilitará a las empresas y profesionales con prácticas corruptas a la hora de presentarse a los concursos públicos. 

Se trata de una reforma dictada bajo el anterior Gobierno de Mariano Rajoy que ahora deberá ser ejecutada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, previa consulta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Se trata de un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y, por tanto, bajo la esfera de decisión de María Jesús Montero. "No hay plazos, ni fechas para que se ejecute la ley ya que se trata de la primera vez que la Administración se enfrenta a una decisión de este tipo", aseguran fuentes jurídicas. Una decisión tan relevante que puede llevarse por delante a las empresas con mayor dependencia pública. No hubo comentarios disponibles por parte del Ministerio de Hacienda.

El importe total de los contratos adjudicados al cártel ferroviario asciende a 837 millones, sin embargo, la nueva ley señala que las empresas inhabilitadas no podrán acceder a ningún concurso público en cualquier área en la que el licitador sea la Administración, según explican fuentes de la CNMC. Ya sea obra civil, consultoría informática, servicios de limpieza o la gestión de la cafetería del Congreso. La pelota está ahora en el tejado de Hacienda en un periodo complicado de tránsito electoral debido a la proximidad de las elecciones generales del próximo 28 de abril y que puede retrasar la toma de decisiones.

Caídas en bolsa para Indra y OHL

Algunas de las empresas afectadas han mostrado su sorpresa ante la activación de dicho protocolo, aunque quitan hierro al asunto y aseguran que recurrirán en los tribunales la sanción de la CNMC. “Recurriremos a la Audiencia Nacional o donde haga falta”, aseguran desde una de ellas. "Todavía no hemos recibido notificación oficial", dicen en otra de las compañías sancionadas. "Hemos sido informados y nuestra empresa muestra tolerancia cero hacia la corrupción", explica un portavoz de una tercera. No obstante, la decisión de inhabilitar a las empresas con prácticas corruptas la debe aplicar ahora el Gobierno Sánchez, a través de la llamada Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

No obstante, fuentes del sector público advierten que el mero hecho de que estas empresas aparezcan ya como sancionadas por comportamientos contra la Administración es “un factor a tener en cuenta en futuras licitaciones” tanto autonómicas o, incluso, en el seno de la Unión Europea. La resolución de la CNMC es firme, recurrible, como tantas otras, pero no será tan sencillo de esquivar si el Gobierno opta ahora por aplicar la ley y el veto a los concursos públicos.

La reacción en bolsa de las empresas afectadas ha resultado desigual y poco ha tenido que ver la resolución de la CNMC. La constructora ACS (a través de su filial Cobra), la tecnológica Indra, la ingeniería Abengoa (Inabensa) o las constructoras OHL (EYM) y Sacyr (Neopul) son algunas de las empresas españolas sancionadas, cotizadas en bolsa y expuestas por la CNMC que podrán ser objeto del veto en la licitación pública. ACS (+2,3%), Sacyr (+1,4%) y Elecnor (+0,5%) registraron subidas en bolsa, mientras que OHL e Indra cerraron con descensos del 2,8% y 0,7%, respectivamente. Fuentes financieras auguran consecuencias debido a los inversores institucionales que se rigen por criterios de responsabilidad social (ISR) y vetan valores marcados por este tipo de expedientes.

Según el artículo 73 de la Ley de Contratos Públicos, la aplicación de este veto administrativo a contratistas se producirá en el momento en el que las empresas queden inscritas con esta 'tara' de la CNMC en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) con efectos inmediatos desde la fecha de inscripción; o bien, cuando el Ministerio de Hacienda, previa escucha a la Junta Consultiva, confirme la inhabilitación, ponga otra fecha y determine el plazo temporal en el que estas empresas y directivos no podrán licitar con la Administración.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios