Junta de accionistas

EiDF amplía el consejo con cuatro fichajes y traslada su domicilio social a Madrid

El grupo energético ha ampliado de nueve a once los miembros de su consejo de administración, al que se incorporan Laura Bravo Ramasco, Guillermo Poch Sala, Laura Zendrera Roig y Tiago Moreira da Silva.

Fernando Romero, director general de EiDF
EiDF amplía el consejo con cuatro fichajes y traslada su domicilio social a Madrid. 
BME GROWTH

EiDF aprueba cambios de calado para la compañía en su junta de accionistas. La firma especializada en instalaciones de energía solar fotovoltaica ha anunciado el traslado de su domicilio social de Galicia a Madrid, incorporará cuatro nuevos consejeros y y reforzará su política de prevención de delitos con el nombramiento de un nuevo responsable de compliance. 

En concreto, los inversores dieron luz verde ayer al traslado a Madrid de su sede social, que se ubicaba en el municipio de Barro (Pontevedra). La decisión persigue "estar más cerca" de los mercados financieros y la actividad económica donde desarrolla parte de su actividad, según ha indicado este viernes el grupo fundado por Fernando Romero. De forma paralela,  ha ampliado de nueve a once los miembros de su consejo de administración, al que se incorporan Laura Bravo Ramasco, Guillermo Poch Sala, Laura Zendrera Roig y Tiago Moreira da Silva.

Los inversores han elegido a un hombre de la casa, José María Covelo Fernández, procedente del departamento jurídico, para ser el nuevo compliance officer. En concreto, será el encargado de dirigir el Comité de Cumplimiento Normativo, del que también forma parte el director comercial, David Pintos, y se apoyarán también en los distintos responsables de área de la compañía.

Según subrayan en la nota enviada a BME Growth, el objetivo de estas decisiones se enmarcan dentro de la voluntad del consejo de transmitir una conducta "ejemplarizante" para toda la organización. En los puntos del día aprobados en junta también figura la aprobación de las cuentas anuales de 2022 después del retraso en su presentación, que derivó en la suspensión de su cotización, además del visto bueno a la gestión del órgano de administración el pasado ejercicio, así como la aprobación de su retribución para 2023 y siguientes, que se ha fijado en 442.000 euros.

En el caso concreto del presidente, Fernando Romero, los accionistas han respaldado una retribución fija de 200.000 euros anuales, a los que se suma una cantidad variable de 160.000 euros sujeta a objetivos de ebitda u otras metas que defina el órgano correspondiente. Romero dispondrá de un plan de pensiones por importe anual de 20.000 euros, automóvil, tarjeta de gastos laborales y gastos de desplazamientos laboral. 

La compañía ha estado más de cuatro meses con la cotización suspendida. El informe de Deloitte había detectado evidencias del posible falseamiento de contratos y documentos elaborados por los responsables de la sociedad, además de incidencias relativas a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestados. Pese a ello, en el primer avance del dictamen jurídico que EiDF encargó a KPMG la firma no aprecia elementos suficientes para hacer encaje en tipo penal de alguna de las conductas descritas en el escrito de Deloitte. 

La compañía ha anunciado esta semana la etrada en el capital del fondo emiratí Alpha Blue Ocean. A través de Global Corporate Finance Opportunities se ha comprometido a invertir hasta un máximo de 20 millones con el desembolso y suscripción de obligaciones convertibles. Los títulos de la compañía experimentan una caída del 10,8% este viernes, hasta los 4,7 euros por acción. Se suman así a la caída del 2,7% de ayer. Desde su regreso al parqué hace poco más de un mes, EiDF ha pasado de valer más de 1.700 millones en bolsa a tener una capitalización bursátil de 270.000 euros. 

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