AMNISTÍA PIDE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO

- Propone una agenda de derechos humanos a las autoridades vascas y estatales. Una delegación de Amnistía Internacional (AI) visitó este miércoles el País Vasco para pedir a las autoridades y partidos políticos que impulsen una agenda común de derechos humanos que pueda ser compartida y asumida por las autoridades y garantice por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y del BVE (Batallón Vasco Español).
La organización presentó a las autoridades vascas el informe ‘Afrontar el pasado para construir el futuro’, en el que reconoce que en el País Vasco se han llevado a cabo iniciativas positivas de verdad y reparación en las que deben implicarse las autoridades centrales, puesto que, según afirma, hasta ahora éstas “han ignorado a algunas de las víctimas e incluso han obstaculizado algunas de las iniciativas adoptadas en el País Vasco”.
También presentó ese informe en una rueda de prensa en Bilbao, a la que asistieron Fotis Filippou, director adjunto de Campañas para Europa de Amnistía Internacional; Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España; Axun Lasa, hermana de Joxe Antonio Lasa, asesinado por los GAL, y Mari Carmen Hernández, viuda del concejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA.
“Después de casi seis años del cese definitivo de la actividad armada de ETA, es hora de que las distintas fuerzas políticas y autoridades aborden una agenda común de derechos humanos. Ahora más que en ninguna otra legislatura, los partidos están obligados a dialogar. Las víctimas de ETA, las de los GAL y otros grupos armados, así como las de tortura, deben estar en el centro de ese diálogo y el Gobierno central debe participar activamente”, aseguró Beltrán.
El director de Amnistía Internacional en España indicó que tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento Vasco transmitieron a la organización que tiene que haber una agenda común de derechos humanos.
“El reto ahora es pasar de las palabras a los hechos y buscar puntos de encuentro que luego se trasladen a las autoridades centrales. Las víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos merecen este esfuerzo”, añadió.
Por su parte, Filippou indicó que, “después de tantos años de sufrimiento, España puede avanzar en el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas o continuar sin hacerlo”.
“Además, en un contexto internacional difícil tras el endurecimiento de leyes y medidas antiterroristas llevadas a cabo por diferentes gobiernos, sobre todo en Europa, España debe revisar esta legislación para que no provoque una restricción desproporcionada de derechos”, recordó.
VÍCTIMAS SIN IDENTIFICAR
Amnistía Internacional llama la atención en su informe sobre la falta de información detallada y desglosada en el ámbito estatal de todos los abusos cometidos por ETA, ya que muchas víctimas de ETA aún no han sido identificadas, sobre todo las que han sufrido extorsión, amenazas o coacciones, y añade que, con la información disponible, tampoco hay claridad sobre el hecho de si todas las víctimas de atentados mortales cometidos por ETA han tenido acceso equitativo y efectivo a su derecho a la justicia.
“Los Estados tienen la obligación de proporcionar esa información para que las víctimas y sus familias accedan a una adecuada reparación, así como para luchar contra la impunidad. Mientras que, según un informe del Gobierno vasco, el 98% de las víctimas reconocidas de ETA habrían tenido acceso a algún tipo de reparación, no estaríamos ante la misma situación en relación a la verdad o la justicia para muchas otras. Por ejemplo, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, habría 12 casos por atentados de ETA en los que los familiares desconocen el estado procesal en el que se encuentran los expedientes”, aseguró.
Por otro lado, Amnistía Internacional señala en su informe que la impunidad sigue siendo generalizada en relación a los crímenes cometidos por otros grupos armados, como los GAL y el BVE, que llevaron a cabo, en conexión con funcionarios del Estado, atentados en la década de los 70 y 80 del siglo pasado.
Además, un informe del Gobierno vasco señala que el 37% de estos casos de los GAL estaría aún sin esclarecer y no hay datos de la investigación judicial sobre 24 asesinatos atribuidos al BVE o grupos satélites en los primeros años de la democracia en España.
Amnistía Internacional denuncia también que los derechos de verdad, justicia y reparación no se reconocen en el caso de las víctimas de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de la lucha antiterrorista. “Por parte del Gobierno central queda todo por hacer: el Estado ni siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura”, aseguró Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional en España.
En relación a la legislación antiterrorista, que se mantiene ya durante 40 años, Amnistía Internacional reclama cambios sustanciales para lograr su adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por ejemplo, la definición del delito de terrorismo es tan vaga e imprecisa que puede llevar a la violación de algunos derechos como el de libertad de expresión y también debe eliminarse el régimen de incomunicación a detenidos acusados de terrorismo porque puede facilitar la tortura, tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos o los Relatores para la cuestión de la Tortura y para la protección de los derechos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas.
Por otra parte, Amnistía indica que la política de dispersión de presos va en contra de los estándares internacionales, según los cuales los presos tienen derecho a cumplir su condena en una prisión cercana a su residencia habitual siempre y cuando soliciten el traslado de forma individual y sea posible.
Actualmente habría alrededor de 380 personas en centros penitenciarios de España a más de 400 kilómetros de su entorno afectivo y familiar, de las cuales 189 estarían incluso a más de 800 kilómetros.