El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este viernes una orden ejecutiva para defender el aborto de las mujeres estadounidenses, dos semanas después de que el Tribunal Supremo revocara el fallo Roe contra Wade que protegía por primera vez y desde 1973 este derecho sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo. Acalla así, las críticas de miembros de su partido que le acusan de no haber reaccionado con la urgencia necesaria al fallo del Tribunal Supremo contra ese derecho.
Las medidas de Biden tienen un alcance limitado debido a que la única forma de garantizar el derecho al aborto en EE.UU. es con la aprobación de una ley en el Congreso, algo nada fácil debido a que haría falta el apoyo de diez senadores de la oposición republicana. "Esto no es un horror imaginario. Ya está sucediendo", ha dicho en relación al fallo del Supremo y que también recibido ha sido por los estados gobernados por el Partido Republicano, los cuales ya habían maniobrado anteriormente para dificultar que las mujeres pudieran acceder libremente a este derecho.
Acompañado de la vicepresidenta, Kamala Harris y el secretario de Salud, Xavier Becerra, Biden ha calificado aquel fallo de "extremo" y "totalmente incorrecto" y ha relatado el reciente episodio de una niña de 10 años que se vio obligada a viajar fuera del estado de Indiana para someterse a un aborto tras ser víctima de una violación. "Una niña de 10 años fue víctima de violación, 10 años, y se vio obligada a tener que viajar fuera del estado a Indiana para tratar de poner fin a la embarazo y tal vez salvar su vida. Imaginen ser esa niña. Lo digo en serio, imaginen ser esa niña. ¡10 años!", ha enfatizado Biden durante el acto de la firma del decreto.
En las últimas semanas el presidente Biden se ha enfrentado a fuertes presiones por parte de los colectivos de la sociedad civil y sectores de su Partido Demócrata para que tomara medidas más contundentes para proteger el derecho aborto, en especial tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La orden insta al Departamento de Salud a tomar medidas para garantizar el acceso a la medicación abortiva, busca aumentar la protección de los sanitarios que realizan estas prácticas en el marco de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, así como la privacidad de las pacientes y reforzar las campañas de concienciación en los centros públicos.
Sin embargo, la medida no incluye algunas propuestas como la de la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, de poder transportar legalmente la píldora abortiva a través de la frontera de Estados Unidos y Canadá, o la de permitir practicar el aborto en propiedades del Gobierno federal dentro de aquellos estados en el que está prohibido este derecho.
Biden ha reconocido que no puede hacer nada para restaurar en todo el país el derecho al aborto tras el fallo del Supremo, por lo que ha pedido a los ciudadanos que en las elecciones de mitad de mandato elijan a los miembros del Congreso que se han manifestado a favor de apoyar las leyes federales que lo blindan. "Ustedes, las mujeres pueden determinar cuál es el resultado de este tema. No creo que el Tribunal o los republicanos, que durante décadas han avanzado esta agenda extrema, tenga idea alguna sobre el poder de las mujeres estadounidenses", manifestó Biden.
Al eliminar el carácter de derecho constitucional, el fallo del Supremo da vía libre a los estados para ejecutar su prohibición, en medio de una disputa sobre una ley de 2018 aprobada por la legislatura republicana de Mississippi para prohibir los abortos después de las 15 semanas.
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