La Justicia escocesa decidirá de urgencia el viernes si el acuerdo del Brexit es legal

Jolyon Maugham
Jolyon Maugham
Europa Press

El Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la máxima instancia judicial de Escocia, evaluará mañana viernes si el acuerdo de retirada alcanzado hoy entre el Gobierno británico y la Unión Europea cumple con la legalidad. La vista se celebrará a las 11 de la mañana (hora española) en el tribunal presidido por Lord Pentland. La demanda ha sido presentada por el procedimiento de urgencia por el fundador de la asociación contraria al Brexit 'The Good Law Project', Jo Maugham, quien considera que el tratado, dado a conocer este jueves, viola la legislación actual en materia impositiva.

Su objetivo es, por tanto, evitar que el texto sea votado por el Parlamento de Westminster en la sesión extraordinaria programada para el sábado. La demanda, según aclaró Maugham en Twitter, se basa en el principio de que el acuerdo de retirada contraviene la legislación presentada por el grupo de parlamentarios conservadores European Research Groupe (ERG), conocido por defender la línea más dura en relación al abandono de la UE.

La sección 55 de la Ley de Impuestos para el Comercio Transfronterizo de 2018 recoge que Irlanda del Norte no puede tener reglas aduaneras diferentes a las del resto del Reino Unido, para "defender la integridad constitucional del Reino Unido y salvaguardar la Unión en el futuro".

El pacto alcanzado entre Londres y Bruselas contempla que Irlanda del Norte permanezca alineada con ciertas normas del mercado único, aunque dentro del territorio aduanero del Reino Unido, para evitar que se forme una frontera visible con la República de Irlanda y preservar así los acuerdos de paz del Viernes Santo.

De este modo, los controles fronterizos entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda se realizarían en el punto de entrada a territorio británico y no en el país vecino que está dentro de la UE.

Si el tribunal escocés falla a su favor, el primer ministro británico, Boris Johnson, estaría obligado a solicitar directamente una prórroga del periodo de salida de la UE, como recoge la ley aprobada por la oposición.

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