Polonia veta un pacto para un impuesto mínimo de sociedades del 15% en la UE

Polonia ha bloqueado, otra vez, un pacto para aumentar los impuestos a las empresas multinacionales. Los gobiernos de la Unión Europea (UE) fueron incapaces de lograr este martes un acuerdo para introducir un tipo mínimo efectivo del 15 % sobre las empresas multinacionales por el veto ejercido por Polonia, que bloqueó de nuevo la normativa tres semanas después de haberse opuesto por primera vez. La directiva busca trasladar a la legislación comunitaria uno de los dos pilares acordados el pasado año en la OCDE para crear un impuesto mínimo efectivo del 15 % sobre empresas con unos ingresos anuales que superen los 750 millones de euros, pero deja de lado el otro pilar del pacto, el gravamen sobre compañías del entorno digital.

Varsovia fue la única capital que se pronunció en contra de la medida durante el debate que tuvo lugar en Luxemburgo, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas del bloque (Ecofin) y su argumento es que la entrada en vigor de las dos partes del acuerdo global debe ser simultánea. En una rueda de prensa posterior a la reunión, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, lamentó el veto de Polonia y confió en que pueda lograrse un acuerdo en la próxima reunión de ministros de Economía, prevista para el 24 de mayo.

Para salvar el bloqueo polaco, Francia propuso incluir una declaración firmada por los Veintisiete que reitera su compromiso a avanzar con el gravamen digital tan pronto como la medida sea finalizada en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero el paso no es suficiente para Polonia. "La vinculación no es jurídicamente vinculante para garantizar que entren en vigor al mismo tiempo", expresó la secretaria de Estado del Gobierno polaco, Magdalena Rzeczkowska, sobre una iniciativa que tiene que ser acordada por unanimidad.

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Sin embargo, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, argumentó que es “imposible” lograr la vinculación jurídica que pide Polonia puesto que el tipo mínimo depende de una directiva europea, mientras que la tributación de las empresas digitales se regirá por un tratado internacional todavía por cerrar y consideró que "debe haber otra razón" para el veto polaco. Le Maire, que ha dirigido las negociaciones puesto que su país ocupa la presidencia rotatoria de la UE, enfatizó que el resto de Estados miembros que tenían problemas con la normativa "han hecho un esfuerzo" para dar su respaldo tras aceptar una serie de cambios.

Dificultades resueltas

El francés, que se ha marcado el objetivo de sacar adelante el expediente antes de que finalice en junio la presidencia francesa, se refería así a otros países como Suecia, Malta o Estonia, que contaban con una serie de "dificultades técnicas" que han sido resueltas con el paso de las semanas.

El país báltico, por ejemplo, tenía dudas respecto a la llamada regla de inclusión de rentas (RIR, en inglés), que permite gravar los beneficios de una filial en el extranjero si están pagando un tipo en el impuesto de sociedades inferior al mínimo. El texto, que llegó este martes a la mesa de los ministros, contemplaba una aplicación voluntaria de esta cláusula durante un periodo de seis años. También representaba un obstáculo la fecha de entrada en vigor de la directiva, originalmente prevista para el 1 de enero de 2023, pero retrasada a "finales" de ese año tras las quejas de la delegación sueca, entre otros socios.

Con el cambio, el ministro de Finanzas sueco, Mikael Damberg, explicó que su país puede retirar las reservas después de que se hayan atendido sus “preocupaciones” y que se haya incluido una declaración que “invita a los miembros del marco global a estar a la altura de sus compromisos” adquiridos en el acuerdo de la OCDE, que calificó de “éxito”.

Sanciones a Rusia

Durante la reunión, los ministros abordaron también las posibles nuevas sanciones a Rusia tras los asesinatos de civiles cometidos por sus tropas en la ciudad ucraniana de Bucha, incluido un posible embargo a las importaciones de combustibles fósiles rusos, que divide a los Estados miembros pero ha ido ganando defensores conforme se recrudece el conflicto. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no presentó hasta terminado el encuentro su propuesta para un quinto paquete sancionador, que tendrá que ser aprobado por unanimidad entre los 27 y que incluye, entre otras, un embargo al carbón ruso valorado en 4.000 millones de euros anuales.