La Unión Europea trata de frenar la tensión creciente en las aguas de Chipre, donde Turquía ha enviado cuatro barcos para extraer gas. La primera medida fue una mera advertencia diplomática pero, ante la presencia continuada de los dos primeros barcos en la zona, decidió imponer un recorte de 146 millones de euros en las ayudas que da al Gobierno turco, así como la suspensión de contactos a alto nivel, que incluyen las negociaciones para la futura entrada del país en el bloque comunitario.
Y todo apunta a que la escalada continuará en las próximas semanas: la UE ya ha amenazado con congelar los activos de las empresas implicadas en la extracción de gas, mientras que el Gobierno turco anunciaba el pasado martes que continuará con las exploraciones para extraer gas en las aguas de Chipre, ignorando así las sanciones impuestas el martes por la Unión Europea. En la zona ya hay cuatro barcos capaces de extraer gas, acompañados de una escolta militar compuesta por buques de guerra y drones.
La situación geográfica de Chipre es realmente estratégica para una de las zonas más convulsas del planeta: a su alrededor, Siria, Líbano, Egipto o Israel tratan de mantener una relación estrecha con el socio de la UE más cercano; en la parte sur y este de la isla, Reino Unido mantiene bajo su control dos pequeños cabos desde 1960 para uso militar, que denomina "bases soberanas"; para complicar aún más las cosas, el tercio norte de la isla constituye un Estado independiente que no reconoce la ONU ni la comunidad internacional; solo Turquía: la República Turca del Norte de Chipre.
En ese contexto, las aguas de Chipre llevan tiempo siendo el objetivo de Turquía. Especialmente por las reservas de gas que acumulan bajo el suelo marino y que se suman a los casi dos billones de metros cúbicos de gas que están siendo explotados en las aguas de Líbano, Israel y Egipto. En este sentido, el gobierno chipriota decidió hace una década abrir sus aguas a la exploración por parte de estos países en un macroacuerdo de cooperación para la extracción de gas delimitando una Zona Económica Exclusiva. Sin embargo, en las negociaciones dejó fuera a Turquía, que ahora reclama su parte del pastel.
Una disputa abierta desde 2011
El conflicto con Turquía se remonta a 2011, cuando Chipre empezó a otorgar licencias de exploración, inicialmente a compañías israelíes y norteamericanas. Ahí es donde el Gobierno turco ha intentado sacar un as de la manga a raíz de la división de la isla chipriota: asegura contar con una licitación para extraer gas firmada por el Gobierno de la República Turca del Norte de Chipre, una entidad surgida tras la ocupación militar turca del noroeste de la isla en 1974 y sólo reconocida por Ankara.
El principal argumento de Turquía es que los hidrocarburos en las aguas que rodean la isla pertenecen a toda la población isleña y no deben explorarse antes de llegar a un acuerdo de reunificación, un proceso que lleva dos décadas negociándose y que actualmente está paralizado desde que se rompiera la última ronda de conversaciones hace ahora dos años. El mismo argumento, pero a la inversa, es el que esgrime Chipre: hasta que no se llegue a la reunificación no se dará su parte de los beneficios por la explotación del gas a los turcochipriotas del norte de la isla.
Sea como fuere, la Unión Europea decidía esta semana suspender las negociaciones con Turquía sobre un posible acuerdo de aviación, cancelar las reuniones políticas de alto nivel, reducir los fondos destinados al país y restringir los créditos del Banco Europeo de Inversiones. Entiende Bruselas que la exploración gasística de los cuatro barcos en las aguas de Chipre es "ilegal". Por un lado, porque supone una violación de los acuerdos de explotación comunitarios con Ankara en un momento en el que la UE pretende dejar de depender tanto energéticamente de Rusia. Por otro, porque la capacidad total para almacenar gas de los cuatro barcos turcos es de unas 680.000 toneladas, lo que podría suponer prácticamente toda la reserva de gas que acumula la zona en la que faenan.
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