Castilla y León, por su situación geográfica –colindante con importantes focos iniciales de expansión de la enfermedad- y sus circunstancias sociodemográficas –con gran número de personas mayores, un colectivo especialmente vulnerable- es uno de los territorios más afectados por la pandemia causada por la Covid-19. Una pandemia que ha puesto a dura prueba a nuestra sociedad que, podemos decirlo con orgullo, ha respondido de manera ejemplar. Los castellanos y leoneses, como el conjunto de los españoles, han dado un enorme ejemplo colectivo de solidaridad y sacrificio, de firmeza y compromiso que refleja nuestra fortaleza como pueblo y nos llena de confianza para el futuro.
También ha sometido a dura prueba a las instituciones y poderes públicos, que han tenido que reaccionar ante un acontecimiento imprevisto y extremadamente duro en sus consecuencias humanas y económicas.
Ejerciendo sus competencias constitucionales como principales prestadoras de los servicios públicos fundamentales, las comunidades autónomas fueron la 'primera línea de fuego contra la pandemia, que sometió a sus servicios sanitarios y sociales a un esfuerzo extremo. Prácticamente todas han actuado con lealtad institucional hacia el Gobierno de la Nación, incluso cubriendo algunas insuficiencias en su gestión, asumiendo claramente que ellas también "son Estado". Creo que ya hoy nadie puede poner en cuestión la utilidad de las autonomías en el sistema institucional español como instrumentos ágiles, eficaces, cercanos y útiles, capaces de dar confianza a las personas en unos momentos en que estas la necesitaban de una manera especial.
La labor realizada por la Comunidad de Castilla y León creo que es buen ejemplo de ello, combinando la serenidad en la toma de decisiones y la firmeza para aplicarlas. Decisiones adoptadas, siempre que se ha podido, desde el principio de la colaboración.
Colaboración leal y cordial con el Gobierno del Estado, del más alto nivel al resto de instancias. Colaboración con nuestro mundo local, con Ayuntamientos y Diputaciones, a los que escuchamos de manera regular y a los que hemos transferido recursos adicionales y extraordinarios para afrontar el COVID-19, siendo Castilla y León la única Comunidad que lo ha hecho. Y colaboración con nuestros agentes económicos y sociales a través de un instrumento tan propio como es el Diálogo Social.
Castilla y León se ha mostrado como una Comunidad pionera en la adopción de iniciativas ante esta dura crisis. Por ejemplo, para pedir al Gobierno de la Nación que decretara el estado de alarma y medidas más restrictivas para controlar la pandemia. En recabar suministros sanitarios del exterior. En actuar hacia el autoabastecimiento. En impulsar medidas económicas y de protección social. O en proponer ámbitos de desescalada inferiores a la provincia -en concreto, las Zonas Básicas de Salud- para no castigar innecesariamente a nuestro mundo rural.
La actuación de la Junta de Castilla y León se ha centrado en la protección de las personas. En defensa de la vida, con el refuerzo sanitario. En el acompañamiento a las personas más vulnerables con los servicios sociales. En garantizar el abastecimiento alimentario y en el apoyo a la actividad económica y el empleo.
El refuerzo sanitario con la ampliación del número de camas de UCI, con más de 3.000 contrataciones, con protocolos de actuación, con la adquisición de material de protección, con el impulso de la investigación y, por supuesto, con el esfuerzo extraordinario de nuestros profesionales sanitarios.
Junto a ello, hemos actuado para proteger a los más vulnerables. Reforzando la Red de Protección Social y la teleasistencia. Garantizando el abono puntual de la Renta de Ciudadanía y adaptando las prestaciones de atención a la dependencia. O monitorizando más de 1.200 residencias y viviendas tuteladas.
También hemos asegurado el suministro de alimentos y productos básicos para nuestra población, desde el reconocimiento del carácter estratégico de la labor de nuestros agricultores y ganaderos y su papel esencial en el abastecimiento alimentario y en la supervivencia del medio rural. Finalizando los pagos de la PAC en el período de alarma. Apoyando la industria agroalimentaria y forestal. Garantizando la fluidez de la cadena alimentaria o creando plataformas de comercialización.
Y, por supuesto, impulsamos numerosas medidas, por importe de más de 400 millones de euros, para preparar la recuperación económica a partir de los Acuerdos del Diálogo Social, en cuyo marco, y en una fecha tan temprana como el 25 de marzo, adoptamos un plan de choque, con una treintena de iniciativas que movilizarán 220,3 M€, el 90% de las cuáles están ya en marcha. Con ayudas para los afectados por ERTE o los que han perdido su empleo. Facilitando liquidez a empresas y autónomos. Aplazando el pago de impuestos autonómicos para beneficiar a más de 114.000 contribuyentes. Ampliando la tarifa plana a los autónomos. Buscando, en suma, dinamizar nuestra economía para finalizar 2020 con menos recesión, menos paro y menos deuda que la media española.
Los datos dicen que parece que hemos superado ya los momentos sanitarios más críticos de la pandemia. Ahora debemos centrarnos en superar sus cicatrices económicas y sociales, que sin duda serán profundas. Para ello, el Estado debe asumir un papel protagonista y dinamizador, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
Son necesarias actuaciones decisivas. Planes de activación potentes en sectores indudablemente estratégicos como el que engloba al comercio, el turismo y la hostelería –unos de los más castigados por el cierre de la economía-, la agroalimentación o la automoción, autentico tractor industrial de muchas comunidades como la mía.
Pero, sobre todo, las Comunidades necesitamos recursos suficientes. Participando de los que lleguen de la Unión Europea o incorporando las oportunas flexibilizaciones en las condiciones del déficit y la deuda pública. Especialmente, debemos saber cuanto antes lo que nos corresponde a cada una de esos 16.000 M€ de fondos extraordinarios no reembolsables que el Gobierno ha prometido.
Desde Castilla y León solicitamos que su reparto tenga en cuenta las necesidades causadas por la pandemia, lo cual implica considerar de manera especial la situación de comunidades como la castellana y leonesa, como también debe considerar la prudencia que hemos empeñado en el proceso de desescalada. Con cautela sanitaria y sin prisas, conscientes de que lo importante no es llegar antes sino llegar bien, pero que eso implica unas consecuencias económicas que tienen que compensarse de forma justa y adecuada.
En cualquier caso, los enormes desafíos que nos esperan precisan de la máxima colaboración política y social, pues superan las posibilidades de cualquier Gobierno. En Castilla y León apostamos por el diálogo, por la suma de esfuerzos.
El 24 de abril propuse en las Cortes Autonómicas un gran Pacto de Comunidad para afrontar la recuperación económica y garantizar el futuro de Castilla y León y el 13 de mayo ya se acordó con el principal grupo de la oposición poner en marcha un grupo de trabajo para alcanzar tal Pacto en torno a cinco áreas principales: sanidad, recuperación económica y empleo, protección social y servicios sociales, funcionamiento de los servicios públicos y financiación de la Comunidad. Castilla y León es así la primera Comunidad en poner en marcha este tipo de acuerdo, que esperamos tener concluido, si es posible, antes del verano. Contando con las fuerzas políticas y con la participación de las entidades locales, los representantes del diálogo social, de las organizaciones profesionales agrarias y las asociaciones del tercer sector, entre otras.
Nos espera el gigantesco esfuerzo de volver a poner en marcha a Castilla y León. A toda España. Debemos hacerlo con altura de miras. Superando siglas e intereses partidistas o réditos electorales. Aprovechando los enormes sentimientos surgidos en esos momentos de zozobra para transformarlos en esperanza. En voluntad de salir adelante todos juntos. Nuestro futuro depende de ello.
*Alfonso Fernández Mañueco es presidente de la Junta de Castilla y León.
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