¿Qué sucedió en la semana, eh?

La Ley Celaá como ejemplo de desinformación

Celaá cuela en la nueva ley la retirada del aula de 'malos' docentes sin fijar criterios
Celaá cuela en la nueva ley la retirada del aula de 'malos' docentes sin fijar criterios
Agencia EFE

Hace un par de semanas reflexionaba aquí mismo sobre bulos y burdos rumores y sobre el concepto de ‘desinformación’, al hilo de unas declaraciones (más bien, un polémico tuit) de una concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Palma.

Hoy traigo otro ejemplo, más serio: el lío que se ha formado con la ‘Ley Celaá’ (Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación) y no tanto por lo que el texto dice, sino por lo que dicen -unos y otros- que dice.

Veo -en medios y redes sociales- a muchos padres legítimamente preocupados por el Proyecto de Ley y, también, a ciertos partidos y medios afines acusándoles a éstos -y a la oposición- de difundir ‘bulos’. ¿Quién tiene razón y quién miente?

Educación Especial

Como quiera que en un artículo no puedo analizar todos los puntos polémicos del Proyecto de Ley, me voy a centrar en uno muy sensible (y querido para mí), como es la Educación Especial y las previsiones para ella en el Proyecto de Ley.

Muchos padres de niños y niñas con discapacidades se han manifestado para que no se cierren los Centros de Educación Especial y la Ministra ha dicho que no se van a cerrar y que eso no es lo que dice la Ley; que sólo son ‘fake news’.

Pues bien, como no se trata de ‘creer’ -a unos o a otros- sino de formarse cada uno su propio criterio, lo mejor es acudir a las fuentes primarias y analizar lo que dice el Proyecto de Ley. Y eso voy a hacer, lo más objetivamente posible.

1. ¿Ya está en vigor la Ley?

No, aún no se ha aprobado la Ley. Ni siquiera se ha publicado el texto aprobado por el Pleno del Congreso el 19 de noviembre; sólo el Dictamen de la Comisión del 13 de noviembre. Y todavía falta la tramitación en el Senado.

2. ¿Dónde se regula este tema?

En la Disposición adicional cuarta. "Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales". Y la primera pregunta es: si no toca la Educación Especial, ¿por qué habla de evolución?, ¿evolución hacia dónde?

3. ¿Qué es lo que dice el Proyecto de Ley?

En primer lugar, dice que: “Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna”.

Y continúa la ambigüedad, y las preguntas: ¿quiénes tomarán esas decisiones?: ¿las Administraciones educativas, escuchando a los padres de cada alumno/a?, ¿o los padres, asesorados por los profesionales de los centros?, ¿de cuáles?

4. ¿Quién toma la decisión?

La misma Disposición Adicional Cuarta establece que las decisiones se tomarán “de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley”, que, curiosamente, es modificado por el artículo cincuenta de este Proyecto.

El apartado 2 dice: “La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas y en los términos que determinen las Administraciones educativas.”

Y continúa: “En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado”. Luego parece que queda claro que la decisión no será de los padres, sino de los ‘profesionales especialistas’.

Como ya se prevé que este sistema puede ser conflictivo, continúa diciendo el apartado 2: “Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir”.

Y dice los criterios: “siempre teniendo en cuenta (1) el interés superior del menor y (2) la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. ¿Y la de las que muestren su preferencia por la Educación Especial?

5. ¿Se van a cerrar los Centros de Educación Especial?

Volviendo a la Disposición Adicional Cuarta: dice: “El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, (…) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Pero no dice de dónde van a sacar esos recursos, que es la clave de todo esto.

Y termina diciendo: “Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, (¿quién lo decide: los padres o los profesionales?) desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Es decir, el Proyecto de Ley no dice que se vaya a cerrar la Educación Especial, y en eso tiene razón la Ministra, pero el texto del Proyecto de Ley deja claro que la idea es trasvasar alumnos (y recursos) de los Centros de Educación Especial a los centros ordinarios. Por tanto, aunque es verdad que no se cerrarán todos, sí se cerrarán muchos y sólo quedarán algunos como ‘centros de referencia’.

¿Quién miente o desinforma?

¿Es una exageración -o simplificación- decir que con la ‘Ley Celaá’ se va a cerrar la Educación Especial? Sí, aunque en comunicación se buscan y usan mensajes breves y contundentes. ¿Es un ‘bulo’ o una ‘fakenews’, como dice la Ministra? No, porque, aunque no lo diga claramente el texto (nunca lo diría), queda claro el sentido de la ‘evolución’ que propone. Por tanto, ¿quién miente o desinforma?

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