Martes, 18.06.2019 - 05:32 h
Libertad sin cargas

Florentino Pérez y su golpe de mano por Abertis: la vuelta a casa del hijo pródigo

"Es anonadante", aseguraba este miércoles un alto ejecutivo del entorno Caixa tras hacerse pública la súperoferta de ACS para tomar Abertis, véase el pago de 18,76 euros por acción. "Ha sido un golpe en la mesa, un planteamiento muy agresivo que seguro ha respondido a lo que esperaba el Gobierno. ¿Presiones políticas? Se puede suponer que las ha habido", zanjaba, añadiendo que, a la luz de los últimos acontecimientos, la guerra de opas entre la firma de Florentino Pérez y la italiana Atlantia puede terminar quedándose en una mera escaramuza. Una convicción generalizada entre los afectados y el sector empresarial, donde se tiene claro que el Ejecutivo no quiere que una compañía que aglutina intereses estratégicos -como son las autopistas y los satélites- quede en manos extranjeras. Dicho de otra forma, interés nacional frente a libre mercado. Una dicotomía habitual.

"Ya se decidió hace tiempo que Abertis fuera para Florentino Pérez. No hay caso y no hay mucho más que hablar. Lo demás será ruido", asegura otra persona conocedora de la negociación y de los intereses que se mueven en torno a la misma. Fuentes internas de Caixa, a la sazón la bisagra que puede decantar la balanza hacia una u otra opa con su 22% de Abertis, trasladaban al conocer la primera puja del presidente del Real Madrid una reflexión que, aunque parezca obvia, no lo es tanto para buen entendedor: "A falta de un análisis en profundidad, es objetivamente mejor oferta". Llamativo cuando la casa se había mostrado inicialmente favorable al planteamiento de Atlantia. Esto es, escuchando a los interlocutores clave, la cuestión no es quién se va a hacer con Abertis, sino cuándo y a qué precio cerrará Pérez la operación.

El Gobierno ya dio muestras de que Atlantia lo tendría difícil desde el principio. Según relatan fuentes al tanto de todo el proceso, incluso algún miembro clave de la Oficina Económica de Moncloa se enteraba de la operación por los periódicos, en plena Semana Santa. Suficiente para hacer saltar todas las alarmas. Luego llegó el quiero y no puedo de Aena- con mayoría de capital público-. Después, el paso adelante de Red Eléctrica (REE) para integrar Hispasat, en un movimiento de claro interés empresarial ya que, como todo el mundo sabe, la firma de José Folgado atesora una ingente división de satélites. Y finalmente, las cartas remitidas por los ministerios implicados a la CNMV -todavía dura el enfado en el supervisor por las misivas- para dejar claro que el Ejecutivo debería validar la operación.

El propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, había empezado el aquelarre al asegurar, al hilo del cierre de dos centrales de carbón, que Enel favorecía a Italia "a costa de los españoles". Una carga de tal magnitud que, si algo sorprende, es que Atlantia no haya abandonado ya toda esperanza. De hecho, lo peor de todo es lo que subyace en el drama, esto es, que todos los actores menos la propia damnificada den por hecho como algo habitual que el fantasma del Gobierno sobrevuela una operación que -autorizaciones administrativas al margen y superadas las comprensibles condiciones de competencia- debería ser esencialmente empresarial.

Corría el mes de junio de 2007 cuando, en Sitges, ante un auditorio repleto de empresarios catalanes, un decidido político de la oposición cargaba contra con toda la razón contra "la larga mano" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "intervenir en la vida de las empresas" y, de este modo, "interferir o intentar interferir en operaciones de mercado". Como telón de fondo, episodios como el bochornoso asalto a la eléctrica Endesa. Ese político, una década después, habita en el Palacio de la Moncloa. Visto lo visto, alguna declaración oficial sobre los viejos principios del liberalismo no sería accesoria. Aunque fuera 'for the good times'.

Entretanto, quien ha sabido jugar la mano ha sido Pérez, redimido tras su aparente caída en desgracia por episodios como el Castor -la sublimación del 'modificado'- o el AVE a Francia, conflicto que también acabó en los tribunales. Ahora, cual hijo pródigo, su advenimiento da para diferentes lecturas. "Seguro que hay alguna promesa no explícita con la que cuenta ACS, alguna contraprestación. Algo no hablado pero sobreentendido", asegura una de las fuentes citadas, lanzando una hipótesis sin pruebas, un ejercicio de picaresca que solo debe tenerse en cuenta como reflejo de la forma en que el sector empresarial percibe la política y las operaciones corporativas. Además, más de uno pensará, con el pleito que Abertis tiene en marcha por la AP-7, superior a los 1.600 millones de euros, que los trapos sucios mejor se lavan en casa.

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