Iglesias y 'sus' golpes de Estado alejan a los otros Nissan

“Muchas empresas medianas y pequeñas no van a resistir. Las grandes, por su parte, van a salir de la Covid mucho más endeudadas y menos rentables, que no es poca cosa. De hecho, no falta quien apunta a medio plazo a un modelo de rentabilidades exiguas ‘a la japonesa’. Sin embargo, lo que de verdad debería preocuparnos es el impacto sobre esas más pequeñas, porque las hay que no llegan a octubre. De hecho, entre las más saneadas y con más recursos, las que han aguantado sin hacer ajustes de plantilla gracias a la inercia tendrán que replanteárselo a la vuelta del verano si no despegamos ya. La pandemia va a golpear con dureza a la clase media-baja. No van a poder mantener los empleos”. Con esa crudeza se lamentaba esta semana ‘sotto voce’ el principal ejecutivo de una compañía ‘top’ nacional. No es un discurso excepcional, sino el más repetido entre bambalinas. Superada la peor fase de la crisis sanitaria -y cruzando los dedos para evitar rebrotes que obliguen a dar un paso atrás-, la siguiente estación es económica. Y España es un país de pymes y autónomos, que acaparan el 99% de la estructura empresarial y que necesitan como el comer líneas de crédito y negocio ya. Para ellos queda todo un drama por delante que no admite dilaciones.

¿Pero no ayudará en algo el flamante fondo de recuperación planteado por Bruselas? Según deja claro cualquier buen conocedor de la burocracia comunitaria, su utilidad para esas pymes en apuros será limitada. Llegará tardísimo. Como bien explicaba en este diario Esteban González Pons, número dos del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, habrá que esperar a enero para tener noticia en España de la dotación anunciada por Ursula Von der Leyen. Y antes, el plan lanzado por la presidenta de la Comisión tendrá que ser aprobado por los diferentes países -cosa que no está demasiado clara a la vista de la tenacidad de los ‘frugales’- y, sobre todo, debe ir de la mano del nuevo marco financiero plurianual para la Unión Europea que debería entrar en vigor a principios de año y que tradicionalmente es motivo de múltiples deliberaciones, tensiones y complejidades. Que nadie espere nada inminente. Por si fuera poco, Joachim Fels, asesor económico global de Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, recuerda en La Información este lunes que el tamaño del fondo de recuperación, pese a ir en la buena línea, “es insuficiente para los desafíos de la UE”.

Con este caldo de cultivo, España vivía esta semana un toque de atención de proporciones isabelinas. La definitiva marcha de Nissan de Barcelona ponía el punto final al cuento de Pedro y el lobo que muchos empezaron a contar cuando la Unión Europea endureció la regulación ‘verde’ para el sector o cuando Teresa Ribera se lanzó a demonizar el diésel como si la ideología estuviera por delante de los empleos. También cuando, tiempo más atrás, quedó claro que las precarias mayorías que alumbraban gobiernos de medio pelo se afanaban más en crear plataformas electorales que les permitieran perdurar que en llegar a pactos de Estado en ámbitos esenciales para el futuro de los ciudadanos. Uno de ellos, sin duda, la puesta en marcha de planes industriales que garantizaran la continuidad y el avance de sectores claves de la economía española. La automoción lo es; basta ver el porcentaje de exportaciones. También el turismo, vilipendiado por un ministro del ramo que, hasta la fecha, no ha ofrecido una alternativa para completar el volumen de PIB que se perdería si ese sector que tanto parece despreciar como reducto de precariedad se esfumara por obra y gracia de la Covid.

¿Cómo ha respondido el Gobierno ante esa situación? Por ejemplo, su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, siempre preclaro, se refería sin ambages a la necesidad de plantearse nacionalizaciones ante la crisis del fabricante asiático. No quedó muy claro, no obstante, si lo que tenía en la cabeza el líder de Podemos era nacionalizar la empresa porque yo lo valgo -lo que a priori no haría mucha gracia al Ejecutivo nipón en un escenario casi distópico- o, más bien, quedarse con la fábrica de marras y mantener los empleos para hacer carrocerías de Hot-Wheels o lo que se tercie. Durante una sesión de la comisión de reconstrucción, remató su semana de oro con una gratuita alusión a que Vox estaría encantado de perpetrar un golpe de Estado en España. Una referencia que tal vez puede ser jocosa y propia del rifirrafe político para el político ‘morado’ y su ‘claque’, pero que también escuchan los fondos internacionales y, en general, los inversores extranjeros. Si lo que anhela el Ejecutivo de Pedro Sánchez es alentar proyectos alternativos al japonés para reforzar el sector de la automoción, no parece de recibo que el número tres del gabinete utilice la sede de la soberanía nacional para esbozar frívolamente la posibilidad de golpes de estado que solo anidan en sus intereses electorales y en su ficción política. Quien arriesga su dinero no lo toma a la ligera.

Por si fuera poco y más allá de los versos sueltos ‘podemitas’, la rama socialista del Gobierno también parece obstinarse estas últimas semanas en dinamitar su relato, algo más ortodoxo. Primero, se complicó la posición con el innecesario pacto con Bildu, inútil en la aritmética y costoso por arrobas en términos de imagen; y segundo, ha entrado en barrena con el ‘caso Marlaska’, un ejemplo claro de cómo tomar por tontos con balcones a la calle a los sufridos votantes. Porque, aun aceptando que el ministro de Interior haya procedido a relevar al coronel Diego Pérez de los Cobos de su responsabilidad al frente de la Guardia Civil en Madrid por cuestiones organizativas -y que aunque coincida en el tiempo nada tiene que ver la decisión con el ‘affaire’ judicial del 8-M-, lo que resulta imposible de asumir es el ‘trágala’ de la subida salarial en el Cuerpo también por azares del destino. Sobre todo después de que Fernando H. Valls revelara en este periódico que Moncloa obligó a anunciar a bombo y platillo el citado incremento retributivo para ‘tapar’ la oleada de salidas en la Benemérita. Como si la dignidad y el dinero jugaran en el mismo equipo. Desde luego, no lo hacen el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuyos integrantes tendrían a su disposición opciones laborales mucho más lucrativas si no fuera por su probada vocación de servicio público.

Es hora, por tanto, de que el discurso abandone el fango político y se vuelque de una vez con autónomos, pymes y, en general, con el tejido industrial, antes de que el lamento se torne en llanto. La vuelta del verano será clave, sin las ayudas europeas a la vista. España, debilitada por la pérdida de centros de decisión de compañías otrora referentes industriales del país -véase Iberia o Gamesa-, debe emplearse a fondo para guardar la ropa que aún conserva, al tiempo que diseña planes de estímulo para atraer las inversiones que buscan refugio. La renta básica, comprensible y necesaria como salvavidas para los golpeados por un mercado laboral cada vez más tecnológico y robotizado pero nunca como el último logro de un tardocomunismo rancio y caduco, debe operar en paralelo a la generación de un empleo de calidad, al final el mejor ejemplo de la justicia social. Continuar por la senda del globo sonda fiscal, el fantasma de los golpes de estado o los pactos con el independentismo solo genera inseguridad jurídica y, a medio plazo, pone en guardia a los ‘otros’ Nissan al tiempo que crea más precariedad. No queda mucho tiempo. La gran ola se aproxima.